El debate por la reforma laboral del Gobierno ya comienza a tomar forma en uno de sus frentes más sensibles: la relación entre el Ejecutivo y las organizaciones que representan a los trabajadores.

Mientras La Moneda prepara cambios orientados a flexibilizar y adaptar el mercado laboral, la discusión también abrió una controversia sobre el rol que debe cumplir la principal multisindical del país.

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, puso el tema sobre la mesa al cuestionar el carácter de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) como contraparte del mundo laboral.

Sus dichos apuntaron directamente a la influencia política de la organización, que actualmente es encabezada por José Manuel Díaz (PS) y cuyo secretario general es Eric Campos, militante del Partido Comunista.

La CUT, por su parte, defendió que su participación en la discusión política es inherente a su función como representante de los trabajadores.

La reforma que tensiona el escenario

El trasfondo de la disputa es la agenda laboral que impulsa el Gobierno, centrada en recuperar el empleo, incentivar la inversión y aumentar la adaptabilidad.

Entre las iniciativas consideradas están cambios a la implementación de las 40 horas, la regulación de contratos por hora, un estatuto laboral específico para el turismo y una modificación al sistema de indemnización por años de servicio.

En paralelo, el Ejecutivo ha impulsado el programa "Modo Empleo", mientras una mesa interministerial trabaja en medidas para estimular la contratación.

La posibilidad de avanzar hacia fórmulas de mayor flexibilidad horaria -incluyendo propuestas discutidas en una mesa técnica que contemplaban semanas de hasta 52 horas ordinarias- anticipa uno de los principales puntos de conflicto con el movimiento sindical.

Díaz cuestionó la flexibilización de las 40 horas, los contratos por hora y una eventual modificación de la indemnización por años de servicio, advirtiendo que bajo conceptos como "flexibilidad, adaptabilidad y modernización" podría terminar trasladándose una mayor proporción de los riesgos del mercado laboral a los trabajadores.

"Lo que defendemos es que ese empleo sea de calidad, que dignifique a las personas, entregue estabilidad, salarios suficientes y certezas para las familias", sostuvo el presidente de la CUT.

En ese contexto, Briones sostuvo que existen distintas sensibilidades dentro de la izquierda frente a la adaptabilidad laboral y planteó que parte de la centroizquierda podría estar más abierta a negociar.

Pero luego llevó la discusión a otro terreno al cuestionar directamente a la CUT. "El (interlocutor) clásico es la CUT.

Pero la CUT, seamos sinceros, tiene su agenda política", afirmó. Y agregó: "O sea, son súper agradables muchos de los dirigentes, pero funcionan más en la lógica de partidos políticos que de un representante general de los trabajadores".

Una organización con más de 800 mil afiliados

La CUT reivindica una trayectoria histórica que se remonta a la organización fundada en 1953 bajo el liderazgo de Clotario Blest. Su actual estructura corresponde a la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, fundada en agosto de 1988 y que se define como "la principal organización sindical del sector público y privado, con el objetivo de promover los derechos laborales y el trabajo decente".

Según antecedentes entregados por la propia organización a Emol, actualmente supera los 800 mil trabajadores afiliados. De ellos, 54% corresponde al sector público y 46% al privado.

Su directiva es encabezada por Díaz, acompañado por Campos y otros dirigentes responsables de áreas como género, organización, finanzas, comunicaciones y formación sindical. En respuesta a Briones, Díaz enfatizó que la participación de la CUT en el debate político no contradice su naturaleza sindical.

"La CUT, es una organización democrática, autónoma, regida por ley y fiscalizada por la DT en sus elecciones y responsabilidades administrativas. También hay que destacar que hace política porque los derechos laborales y los salarios se deciden en el escenario político", sostuvo.

El dirigente defendió además que la central debe actuar como contraparte del Gobierno y de los empleadores y descartó que su incidencia en las políticas públicas implique funcionar como un partido.

"Incidir en decisiones estructurales no es partidismo, es la base del diálogo social tripartito, un estándar democrático exigido por la OIT a nivel mundial", afirmó.

Dos miradas frente al papel de la CUT

La discusión no quedó circunscrita a Briones. El exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber coincidió con la crítica y sostuvo que "la CUT siempre ha demostrado en sus acciones y declaraciones una agenda política, más allá de la defensa gremial que debieran procurar los cuerpos intermedios".

A su juicio, sus posiciones durante el estallido social y los procesos constitucionales son parte de esa trayectoria.

Desde el mundo sindical, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, calificó como "muy ligera" la apreciación de Briones y recordó que las organizaciones sindicales son dirigidas mediante elecciones y responden a sus bases.

"Entonces, yo le pediría a Briones que respete a la CUT, que respete también a las elecciones sindicales, y nosotros lo que tenemos es el mandato de nuestras asambleas", señaló.

Tensiones por Ley Karin

La tensión entre la CUT y el Gobierno también comienza a expresarse en la implementación de la Ley Karin. Mientras el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defiende los cambios al reglamento como una forma de ordenar las denuncias y acelerar investigaciones que hoy pueden extenderse por meses, la central sindical advierte que cualquier modificación debe evitar nuevas barreras para quienes denuncian acoso o violencia laboral.

"La corrección a este nuevo reglamento apunta a eso, a una implementación que llega a tiempo porque cuando las investigaciones tardan 8, 9, 10 meses, no está siendo efectiva", sostuvo Rau.

Desde la CUT, la vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género, Karen Palma, respondió en Pulso que "nos preocupa cualquier modificación que pueda transformarse en un filtro de admisibilidad encubierto, aumentar las exigencias para denunciar o terminar trasladando a las víctimas la responsabilidad de demostrar anticipadamente que su denuncia merece ser investigada".

Rau, en tanto, aseguró que el Ejecutivo mantiene abierta la negociación: "Respecto a las críticas, siempre hay diferencias de opiniones. Nosotros tenemos la puerta del diálogo absolutamente abierta (…) vamos a seguir conversando, pero eso no nos puede evitar el avanzar".