El Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, se reunió con 15 alcaldes de las provincias de Arauco y del Biobío a raíz del anuncio de Estado de Emergencia Constitucional, manifestando su expectativa de que tenga efectos positivos y, a la vez, criticando el hecho de que sus perspectivas no fueron consideradas, tomando en cuenta que la medida afecta a las y los habitantes de sus respectivas comunas.

Díaz profundizó en el cuestionamiento a la decisión adoptada ayer por el Presidente de la República, Sebastián Piñera: “Ninguna de las autoridades presentes aquí, alcaldes, alcaldesas ni gobernador, hemos sido consultados por la medida. La respetamos, pero ninguno ha sido contactado y creemos que la participación de la gente, que está en el territorio, es relevante para construir política pública”, dijo.

Consultado si junto al Gobernador de la Araucanía se enteraron “por la prensa”, la autoridad confirmó dicha situación: “Lamentamos la falta de información que existe. Esperamos, sinceramente, que la medida tenga efectos positivos, pero no estamos seguros que los vaya a tener.

Creemos que se necesita un abordaje integral y vamos a seguir trabajando coordinadamente, con alcaldes, alcaldesas y junto a consejeros regionales, y también intentaré reunirme en los próximos días con constituyentes y parlamentarios”, anunció la máxima autoridad regional del Biobío.

En cuanto a la inclusión de Cabrero, Laja y Yumbel en el citado decreto, comunas donde no se han registrado hechos de violencia, manifestó su rechazo a la medida. “Probablemente si hubiésemos sido consultados por el Gobierno de Chile, habríamos dado nuestra opinión.

Desde lo simbólico, yo habría recomendado no hacer esta declaración un 12 de octubre, más allá de que fuera necesario tener esta medida. Y desde lo territorial, la declaración de Estado de Emergencia ha sido tomada con mucha preocupación por la ciudadanía y, en otros lugares, hay personas que lo ven como un riesgo y otras, por cierto, la valoran”, comentó.

“Reconocemos también – añadió - que tenemos un problema complejo, donde uno de sus elementos tiene que ver con el orden público, pero también hay un problema político y social. Y a lo que aspiramos es que esta problemática que vivimos en el Biobío, sea abordada integralmente, con un plan de trabajo, donde participativamente podamos enriquecerlo”, propuso.

Preocupación de alcaldes

Cristián Peña, alcalde de Lebu y presidente de Arauco 7, reconoció que “no conocemos en detalle la planificación que tiene el Gobierno al decretar este Estado de Excepción. Escuchando a los alcaldes al sur de la Provincia, donde los hechos de violencia se viven día a día, existe preocupación, porque no se cree que sólo con instalar el Estado de Emergencia se van a solucionar los problemas. Se requiere es un rol articulador del Gobierno, para que sus instituciones se hagan presente en una zona que se siente abandonada por el Estado”.

En tanto, Nivaldo Piñaleo, alcalde de Alto Biobío e integrante de la Asociación de Municipalidades Cordilleranas del Biobío (Amcordi), también manifestó su desconformidad: “Lamentablemente no hay respuesta a las distintas demandas que han hecho las comunidades del Wallmapu y creo que la comunicación es la que debe mejorar.

Aquí los temas se confundieron, porque si hay actos terroristas, debería apuntar el trabajo a ello. Pero la labor de las comunidades indígenas con las reivindicaciones es muy distinta, y eso lo hemos hecho, no solamente ahora, pero siempre a través de los instrumentos que tiene el Estado para buscar una solución y eso, hoy día, no ha sucedido, porque la Conadi no ha dado respuesta a las necesidades que le hemos planteado.

Esta decisión la rechazo, porque no fue comunicada ni socializada y no es la forma para dar una solución a nuestras demandas”, concluyó.