Tras la reciente clausura de una estación de servicio en Santiago por la mala calidad del combustible y luego del cierre sufrido al año pasado por otra estación en Tomé, por operar con un estanque fuera de norma, surgió nuevamente la preocupación acerca de cómo se fiscaliza la seguridad y la calidad de los combustibles y los efectos que conlleva la alteración de los mismos en los motores de los vehículos.

Así, el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC Biobío, Manuel Cartagena, sostuvo que “en términos generales, el nivel de cumplimiento de calidad de los combustibles en el país, es bastante alto, llegando a un 98,5% de muestras que cumplen con los estándares exigidos, esto es en 4.715 tanques analizados, entre enero y septiembre de este año, en todo el país. Sin embargo, cuando nos encontramos con incumplimientos, se procede a aplicar las multas o sanciones que corresponden. A modo de ejemplo, en la región ya se han aplicado 7 sanciones a estaciones de servicio por incumplir aspectos de seguridad y de calidad de los combustibles que estaban comercializando, en lo que va de este año”.

Más en detalle, desde la SEC, indicaron que en 2023 hubo sanciones a estaciones de servicios de Biobío por un monto total de 255 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) ($16.990.140), correspondientes a incumplimientos en la seguridad, mientras que en lo que va del presente año, el total, en este mismo ámbito de la seguridad, va en 185 UTM ($ 12.326.180).

Hay que precisar que las sanciones de este año 2024 se desglosan de la siguiente manera, 185 UTM ($ 12.326.180) fueron por no cumplir la normativa relativa a la seguridad, mientras que otras 100 UTM ($ 6.662.800) fueron por incumplir lo relacionado con la calidad de los combustibles, es decir, si se suman ambos tipos de sanciones, seguridad y calidad, de este año, totalizan 285 UTM ($ 18.988.980).

Por su parte, el seremi de Energía (s), Pablo Pinto, destacó la importancia de este trabajo. “La fiscalización de la SEC es clave para resguardar la seguridad de las personas y asegurar que los estándares de calidad se mantengan en cada instalación y servicio. Como Ministerio, apoyamos y reforzamos estas acciones para promover un uso seguro y eficiente de la energía en nuestra región”, mencionó. Además, desde el Ministerio de Energía señalaron que la labor de fiscalización que realiza la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) es constante, abarcando tanto las instalaciones de combustibles como las eléctricas. Su objetivo principal es velar por el cumplimiento de la normativa vigente, un aspecto fundamental para garantizar que las personas accedan a productos y servicios seguros y de calidad.

Alteraciones y efecto en motores

Einara Blanco, profesora asociada de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, explicó los impactos negativos que producen en los motores aquellos que reciben bencina o diésel alterados.

“En general, los combustibles si se alteran negativamente comprometen el rendimiento del motor, la eficiencia y la vida útil de los motores se acorta considerablemente, aumentan las emisiones y los riesgos de seguridad donde la recomendación es siempre usar combustibles de calidad certificada y se verifique regularmente el estado del motor para prevenir los problemas asociación a cualquier alteración”, dijo la académica de la UdeC.

Del mismo modo, la docente aclaró que “normalmente todos los combustibles antes de ser utilizados necesitan un proceso de certificación que incluyen análisis de su composición que considera porcentajes de carbono, hidrógeno y si tiene azufre donde las fracciones de estos compuestos son determinantes”.

En este ámbito, desde la SEC aclararon que realizan fiscalizaciones con el objetivo de verificar la calidad de los combustibles ofrecidos al público. Estas inspecciones implican tomar muestras en diferentes puntos de distribución, como estaciones de servicio, para asegurar que los combustibles cumplen con los parámetros establecidos por la normativa vigente.

Por ejemplo, en el caso del octanaje, si un combustible se comercializa como 95 octanos, debe cumplir con este valor como mínimo. Además, otros aspectos técnicos, como los niveles de oxígeno o azufre, tienen límites máximos establecidos por la normativa. Esta misma normativa define los métodos de ensayo que se utilizan para medir estas propiedades.

Las muestras recolectadas durante las fiscalizaciones se analizan en laboratorios especializados, aplicando los métodos de ensayo oficiales. De esta manera, se verifica que cada parámetro se encuentra dentro del rango permitido, verificando tanto el cumplimiento normativo como la seguridad de los combustibles.