En 2020, la Asociación Gremial de Marcas del Retail presentó una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para que la entidad evaluara posibles prácticas anticompetitivas en la relación contractual entre las firmas minoristas y los malls.

Más de tres años después, el organismo resolvió, y estableció una lista de parámetros para el vínculo de arrendamiento entre locatarios y empresas propietarias de centros comerciales.

La decisión fue valorada por la asociación, "ya que en el fallo el Tribunal ratificó la existencia de riesgos para la libre competencia, derivados del poder de mercado de los centros comerciales y de diversas dificultades que tienen los locatarios en el marco de relaciones contractuales asimétricas", manifestaron a través de un comunicado.

Los principales puntos en cuestión

En su resolución, el TDLC manifestó que si bien "no existen antecedentes de que operadores integrados entreguen condiciones relativamente desfavorables para los comercios no vinculados, el potencial riesgo futuro requiere tomar ciertos resguardos conductuales". Con ese objetivo, el organismo mandató la prohibición a los operadores de los centros comerciales de exigir información comercial a los locatarios que vaya más allá de lo estrictamente necesario para calcular el valor del arrendamiento mensual.

En otras palabras, la resolución del TDLC pone un límite a los datos que los malls le pueden pedir a las tiendas. También, y en la misma dirección, la institución estableció la prohibición de compartir esta información con sus relacionadas o terceros, establecer medidas para prevenir incurrir en la prohibición de interlocking del artículo 3° letra d) del DL 211 y establecer medidas generales para precaver riesgos de intercambio de información comercialmente sensible. Estos puntos eran los más delicados.

Y es que desde la Asociación Gremial de Marcas del Retail habían hecho eco en la posibilidad de que las marcas asociadas a las operadoras pudieran acceder a la información de los arrendatarios. Es decir, el temor estaba en la posibilidad de que sus competidores obtuvieran información sensible, por medio de sus vínculos con los propietarios de los malls, considerando que muchos de ellos (los malls) cuentan además con tiendas que se encuentran dentro de sus dependencias.

Al respecto, de hecho, Cristián Saieh, vicepresidente de las marcas de retail, dijo a El Mercurio que "hay tiendas que compiten con nosotros y que pertenecen a los centros comerciales, donde no pueden exigir más información que aquella que sea estrictamente necesaria para estimar la renta de arrendamiento". Es justamente este aspecto el que más se consideraba como atentatorio contra la libre competencia. Otro de los elementos que recogió el fallo fue el ligado a las condiciones contractuales, que también había sido tildado como "riesgo para la competencia" por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Así, la resolución del TDLC estableció la obligación de modificar varias cláusulas. Precisó que: si los contratos incluyen ventas online para estimar la renta de arrendamiento, estas deberán comprender solo aquellas que tengan conexión con la tienda física y que los cobros aplicables a los locatarios, deben estar claramente definidos y distribuidos entre comercios según variables conocidas y sujetos a rendición periódica.

Asimismo, el organismo recalcó que se deben considerar mecanismos de solución de controversias que garanticen la rapidez y ecuanimidad de las soluciones y que debe permitirse el término anticipado de los contratos de arriendo por parte de aquellas tiendas que no pertenezcan a la categoría de tienda ancla, estableciendo un plazo máximo para dar aviso y un monto máximo de indemnización.

La entidad también detalló que no se podrá condicionar el arriendo de un local comercial en un determinado mall a la obligación de renovación o arriendo en otro centro comercial. "Ahora el tribunal dijo que basta con que avise con tres meses de anticipación e indemnice como máximo dos meses por año que reste por cumplir", destacó Sahie en relación a lo que estimó el tribunal sobre los arriendos.

¿Batalla en la Suprema?

Cristián Saieh indicó que "antes los malls hacían lo que querían, pero ahora no van a poder hacer lo que quieren porque vamos a tener instancias de reclamación y habrá obligaciones que les impone el TDLC".

De todos modos, agregó "varios puntos que planteamos no fueron considerados por el tribunal, como la estructura del pago de los arriendos, los reajustes periódicos, la diferencia de horarios, entre otros.

Pero nosotros vamos a ir a la Corte Suprema a reclamar eso. Tenemos confianza en que nos va a ir bien o que al menos va a ser más profundo el análisis de la Corte Suprema al respecto".

No serán, sin embargo, solo las marcas del retail las que planean ir a la última instancia de la justicia. Y es que, según recoge El Mercurio, "fuentes conocedoras sostienen que los centros comerciales estarían analizando la opción de recurrir a la Corte Suprema para presentar un recurso de reclamación ante la resolución" del TDLC.

Para ello, tienen 10 días. Asimismo, Cencosud Shopping, entre cuyos malls se encuentran Costanera Center y Alto Las Condes, indicó al medio citado que "estamos analizando la resolución y evaluando los próximos pasos a seguir".