El proyecto de ley que impulsa un reajuste salarial de 4,3% para funcionarios del sector público ha generado críticas al retomarse su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara, por el alza que propone para los ministros del Tribunal Constitucional.

El articulado establece que tendrán una remuneración equivalente a la de los funcionarios de grado 2 del Poder Judicial, lo que significa que de aprobarse, van a pasar de recibir 9,3 a 12,8 millones de pesos.

"Se ha usado la Mesa del Sector Público para una inmoralidad", reprochó el integrante de la Comisión de Hacienda Carlos Bianchi (ind), preguntándose "¿qué trabajadora, qué trabajador, qué funcionario o funcionario público, en un solo acto podría tener un incremento en su renta de 3 millones y medio de pesos?".

Recalcando que esto implica un alza salarial de 36% para los ministros del TC, el parlamentario -que fue absuelto en un juicio por fraude al fisco- insistió que la propuesta "es de un grado inmoral extraordinario".

"Yo no estoy dispuesto a avalar, ni a apoyar, ni a votar a favor de esta inmoralidad", sentenció Bianchi.

En paralelo, el parlamentario Miguel Mellado (RN), le pareció una buena medida, planteando que "los jueces del Tribunal Constitucional tienen que tener una remuneración que pueda no ser coimeables; que haya una cantidad de dinero que ellos puedan responder por sus actos, y no haya ninguna presión de ningún tipo".

Ministros del TC pidieron aumento

Según adelantó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, este aumento se debe a la necesidad de equiparar esos sueldos a los de jueces de tribunales superiores del país, pues hace años habían quedado congelados, al verse amarrados a los ingresos de ministros de Gobierno.

"Es por un tema de nivelación respecto a los ministros de la Corte Suprema, si mal no requerdo. Es algo que se venía planteando desde hace algún tiempo" sostuvo.

Asimismo, su par de Justicia, Luis Cordero, explicó que los mismos ministros del TC pidieron el aumento y enfatizó en que "no hay capricho ni decisión arbitraria".

"Es un requerimiento que realizó el pleno del Tribunal Constitucional. Hay una razón técnica que explica esto, pero no hay capricho ni decisión arbitraria detrás de eso. Esto es una evaluación que corresponde al Congreso", manifestó.