Cerca de 11 mil inmigrantes irregulares se han inscrito en la Región del Biobío para el proceso de empadronamiento biométrico que llevan a cabo el Servicio Nacional de Migraciones (SNM) y la Policía de Investigaciones.

Aquel procedimiento se inició el 11 de julio y terminará el 31 de diciembre del presente año, en una nueva estrategia para obtener registro de la cantidad e identidades de los extranjeros que han llegado a nuestro país evadiendo los controles en las fronteras.

Esto lo confirmó el subprefecto jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción, Rubén Villablanca, quien explicó en qué consiste la técnica que lleva a cabo el Estado.

“En el empadronamiento en la Región del Biobío hay alrededor de 11 mil extranjeros que se inscribieron en el proceso. Es decir, 11 mil que ingresaron de manera irregular al país y que se encuentran viviendo en la Región del Biobío. De ellas, cerca del 40% no estaba denunciada (acción conocida como ‘autodenuncia’), por lo que con ese procedimiento se permitió también realizarla”.

En ese sentido, señaló que “el proceso de empadronamiento biométrico consiste en que, en conjunto con el SNM, les tomamos fotos y huella, y ellos nos presentan su documentación. Con eso sabemos realmente quiénes son los que están en territorio nacional. Debe ser después de la autodenuncia pero, si ellos se inscribieron en la declaración voluntaria de la página web y están a la espera de la cita, nosotros les tomamos la denuncia inmediatamente”.

“Autodenuncia”

Aquello corresponde a la primera fase legal que deben llevar a cabo los extranjeros que ingresan fuera de las normas establecidas por nuestro país.

De acuerdo a lo informado por el jefe del Departamento de Migraciones de la PDI, toda persona que así entre a Chile se mantiene en condición de irregular hasta normalizar su estadía, y el primer paso para eso es acercarse a dependencias de la institución policial para “proceder a la autodenuncia, mal llamada así porque es una declaración voluntaria”. Esto es independiente de la nacionalidad que posea la persona.

La acción se puede ejercer mediante la página web de la Policía de Investigaciones o presencialmente en sus dependencias. Una vez hecha, el inmigrante queda sujeto a un control policial en el cual debe acercarse a las oficinas con cierta periodicidad con objetivo que se revisen eventuales cambios en la dirección donde habitan, número de teléfono, correo electrónico u otros datos.

A partir de allí, se da inicio a un proceso de expulsión por parte del Servicio Nacional de Migraciones, quien emite una resolución para tal efecto. “Eso es una sanción administrativa, distinta a la judicial que genera un tribunal”, describe Villablanca.

Es entonces cuando se establecen plazos para que el extranjero presente un recurso que pueda dar pie atrás al dictamen, en caso que su objetivo sea permanecer un mayor tiempo en el país. Para ello cuentan con la posibilidad de recurrir a recursos judiciales, de amparo u otro tipo.

Y en caso de no tener los medios económicos para contratar abogados para la tramitación, “de acuerdo a la ley, la Corporación de Asistencia Judicial tiene la labor de acompañar a quienes no tienen los recursos para contratar abogados. También están las Clínicas Jurídicas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos u otros”, señala el subprefecto de la PDI.

La autoridad policial complementa que como institución “lo que hacemos es esta denuncia. También realizamos fiscalizaciones donde hemos encontrado a personas que llevan años en territorio nacional y nunca se han acercado a regularizar su situación en la Policía de Investigaciones”.

Largo tiempo de espera

El proceso de la ‘autodenuncia’ abre las puertas para, una vez que finalice con éxito, solicitar residencia temporal o definitiva en nuestro país, lo que permite ejercer trámites importantes como conseguir contratos de arriendo o abrir cuentas bancarias, por ejemplo.

Sin embargo, “los resultados no son rápidos. Es un proceso largo. Tenemos personas firmando desde 2020 o 2021. Por el cambio en la ley, en estos momentos la única institución a cargo es el Servicio Nacional de Migraciones”, reconoce Rubén Villablanca.

Muestra de ello son los inmigrantes que día a día llegan hasta la oficina de la PDI de Concepción, ubicada en calle Angol -entre avenida Los Carrera y Las Heras- y extienden largas filas.

Karin es venezolana y vive en nuestro país desde 2021 junto a su hija y tres nietas. Ese mismo año llevó a cabo su declaración voluntaria de ingreso clandestino (o ‘autodenuncia’) y todavía firma en las oficinas periódicamente para después conseguir el certificado de residencia. Dice que, por más que ha buscado respuestas, “el proceso ha sido muy lento y no hay novedades desde hace tiempo”.

El director de la Dirección de Migraciones Biobío, Sebastián Maldonado, indica que incluso los irregulares tienen derecho a salud y enseñanza en establecimientos nacionales. “En educación, mientras están en tramitación de residencia, se les otorga un rut provisorio denominado IPE. En materia de salud es lo mismo con un rut que se denomina NIP para permitir la atención integral y oportuna”, asevera.

Gracias a eso es que los tres nietos de Karin han podido ingresar al Colegio Rebeca Matte Bello de Concepción. Lo mismo sucede con Jorge Castillo y Génesis, pareja proveniente de Venezuela que vive en nuestro país desde 2019 con su pequeño hijo y un adulto mayor.

El padre de la familia consiguió un contrato de trabajo en una reconocida confitería a pesar de su irregularidad, pero analiza que estar todavía en esa calidad les complica en aspectos importantes como “abrir una cuenta en el banco o hacer un contrato de arriendo. Una persona nos arrienda su casa mediante un trato de palabra”.

Dahisvin Torrealba y Leiker Bandes son otra pareja que asiste recurrentemente al edificio policial del centro penquista. Viven en San Pedro de la Paz y arriendan una vivienda “gracias a un contrato hecho a través de una tercera persona”.

Ambos planean obtener en el futuro el documento de residencia definitiva en Chile, pero desde este año que “estamos a la espera. Primero firmaba mensualmente, ahora cada cuatro meses”. Por mientras, “trabajamos de manera independiente.Nos dedicamos a la pastelería y vendemos nuestros productos”, afirman.

“Con el empadronamiento voluntario hemos hecho que estas personas que se inscribieron en este proceso y no estaban denunciadas, como termina el 31 de diciembre, les hemos dicho que vengan a firmar en cuatro meses más. Es por la cantidad de extranjeros que hay y que están sujetos a control, para que no tengamos las largas filas que hemos visto y sea de manera ordenada”, acota Villablanca de la PDI.

Situación regional

El director de Migraciones regional da cuenta que en Biobío los extranjeros llegan mayoritariamente en familia, a diferencia del norte del país, lugar por el que ingresan para seguir recorriendo hasta esta zona. Asimismo, son personas entre 18 y 44 años, y buscan establecerse más que tener un paso breve.

Y aclara que “la realidad es que tenemos más población regular que irregular. Atendemos entre 40 y 60 personas diarias, y el 90% viene a consultar por el estado de su trámite y buscando orientación para terminar su solicitud. No viene a preguntar cómo puede obtener un permiso de trabajo si ingresó por un paso inhabilitado ni cómo realizar la autodenuncia. Eso ha disminuido considerablemente y particularmente este año en la Región del Biobío”.

Hoy, según el Censo 2021, a nivel regional presentamos el 2,3% de la población extranjera. “Creo que ahora ha aumentado prácticamente el doble pero no debemos estar sobre el 5% del total. O sea, tenemos un número pequeño en comparación con la realidad de otras regiones”, establece.

En torno a residencias, 256 mil 207 temporales se entregaron en Chile en 2022. En la RBB fueron 25 mil, es decir. menos del 10%. Las definitivas, por su lado, fueron 93 mil 821 en el país y 3 mil 198 en Biobío. 1.374 de estas se dieron en 2023.

De las más de 34 mil personas extranjeras que están en territorio nacional, alrededor del 5% está en la región según la autoridad, y el 83% de ellos son venezolanos y el 60% vive en la comuna de Concepción.

Maldonado finaliza reconociendo que “durante los últimos 10 años ha habido un problema de registro porque tenemos dramas en la frontera, que son muy amplias, y eso todos lo conocemos, pero hasta la fecha no nos habíamos hecho cargo. Hoy la Subsecretaría del Interior se ha hecho cargo a través, por ejemplo, del Plan Fronteras Protegidas estableciendo puntos de vigilancia. Eso ha permitido que el número de ingresos haya disminuido considerablemente en el último período”.

Además, “las mismas redes de extranjeros que hoy viven en Chile han señalado que las condiciones han cambiado, que ya no hay las herramientas que existían antes. Hay un sistema jurídico y normativo mucho más robusto que permite dar respuesta a una migración ordenada”.