En Concepción, los diputados Sergio Bobadilla, Flor Weisse y Juan Antonio Coloma, todos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), ingresaron una querella para investigar eventuales vínculos políticos en la asignación de convenios -por trato directo- entre el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del Biobío y la fundación Urbanismo Social, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD). 

El libelo también busca indagar las denominadas "primeras facturas": dineros que fueron pagados a empresas recién creadas y que emitieron sus primeras boletas para prestar servicios al Gobierno, mediante contratos firmados con la Delegación Presidencial Regional.

Dichas facturas consistieron en la asesoría de instalación de viviendas de emergencia en medio del proceso de reconstrucción tras la catástrofe de los incendios forestales del pasado verano, así como también la disposición final de animales muertos a causa de la influenza aviar.

Los diputados fueron consultados, además, por los más de 379 millones de pesos transfirió -vía trato directo- el Gobierno Regional (GORE) del Biobío a la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018).

Los parlamentarios dijeron que van a analizar los antecedentes y eventualmente pedirán la ampliación de la querella que presentaron hoy para abarcar ese asunto.

Todas estas tramas estallaron en medio del escándalo del caso Convenios, que inicialmente se circunscribió en Antofagasta producto de los millonarios traspasos entre la Seremi de Vivienda y la ONG Democracia Viva, se fueron conociendo otros convenios con fundaciones de otras regiones del país que también han sido cuestionados.

La Fiscalía investiga traspasos de dinero en al menos nueve de las 16 regiones del país, incluidas, además de Antofagasta y el Biobío, las de Arica, O'Higgins, Maule, La Araucanía y Los Lagos, entre otras.

La Contraloría General de la República (CGR), en tanto, dijo que hasta el lunes había recibido 172 denuncias por presuntos traspasos presuntamente irregulares de recursos públicos a fundaciones.