La Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) criticó el proyecto de reforma constitucional que ingresó el Ejecutivo la última jornada y que elimina la figura del delegado presidencial, ya que sólo cambiaría el nombre de la autoridad regional sin alterar sus atribuciones. 

Eliminar la figura del delegado presidencial ha sido una promesa del Gobierno de Gabriel Boric, lo que permitiría una mayor descentralización, más atribuciones para supervisar las inversiones en cada región, como también tener más herramientas para la seguridad ciudadana. 

La iniciativa fue presentada este miércoles y busca reemplazar las figuras del "delegado y delegada presidencial regional y provincial por la figura de jefe o jefa regional y provincial de Gobierno Interior, además de introducir importantes modificaciones a la estructura actual de dichas figuras".

Se detalló que esta nueva figura "tiene como principal novedad la función de coordinación de la Administración del Estado en la región para el ejercicio de las atribuciones del Presidente de la República. Junto con lo anterior, le corresponde la coordinación con los gobiernos regionales. A nivel orgánico, la referida figura queda bajo la jerarquía del ministro a cargo del gobierno interior, autoridad que impartirá órdenes e instrucción directas a dicho órgano". 

Asimismo, el proyecto adecúa el texto constitucional actual "sustituyendo las menciones al delegado presidencial regional y provincial por la nueva figura creada", como también se modificará la norma sobre nombramiento, acusación constitucional y la facultad para ser candidatos a diputados o senador, entre otros. 

GOBERNADORES: "EL ÚNICO CAMBIO QUE SE ESTABLECE ES SEMÁNTICO"

"Recibimos con desconcierto y malestar el contenido propuesto en el proyecto de ley, en el que a nuestro juicio solo se da una respuesta formal a un compromiso de temporalidad adoptado por el Presidente Gabriel Boric durante su campaña, pero en el fondo del mismo sigue existiendo una figura de tutelaje ante los gobernantes electos democráticamente en cada una de las regiones del país", declaró el gremio de los gobernadores mediante un comunicado. 

"El único cambio que se establece es semántico, ya que se reemplaza la denominación de delegado presidencial por 'jefe o jefa regional de gobierno interior'", fustigaron. En tanto, criticaron que las labores de "coordinación, supervigilancia y fiscalización de las inversiones de cada región" deberían ser facultades de los gobernadores. 

Además, acusaron que este proyecto no fue "socializado" con ellos y que se "contradice" con el presentado hace algunas semanas "denominado 'Regiones Más Fuertes' en el que sí hubo una participación activa entre el Ejecutivo y las autoridades regionales". Añadiendo que "el proyecto trabajado con Hacienda, establece la capacidad de supervisar las inversiones por parte de los gobiernos regionales y así acceder a rentas propias y a mayor autonomía". 

Asimismo, calificaron como una "señal equívoca" presentar esta iniciativa un día antes de la Cuenta Pública: "Nos hace dudar del convencimiento real de avanzar desde el gobierno en mayor descentralización y en robustecer la figura de los gobiernos regionales y su autonomía administrativa, financiera y política", lamentaron. 

Finalmente, hicieron un llamado "a retirar este proyecto que calificamos de insuficiente y poco serio en la intención de avanzar hacia el objetivo de la descentralización. Tenemos el convencimiento que el Congreso Nacional no está para legislar los cambios de nombre más aún en asunto de la máxima seriedad y que requiere de cambios no sólo de forma, sino que de fondo".

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), declaró que esta iniciativa es "gato por liebre", ya que "apenas le cambia el nombre. Parece una mala broma. Seguimos esperando transferencia de atribuciones reales y no cambios cosméticos".