“Hemos oficiado al Presidente de la República para que ordene a su Ministro de la SEGPRES que realice y agote todas las gestiones necesarias para apurar en el Tribunal Constitucional el trámite final de la Ley contra el Crimen Organizado, que se encuentra en dicha instancia desde el pasado 11 de abril en la etapa final de Control Constitucional”. Con esta solicitud al Ejecutivo, el Senador Enrique van Rysselberghe pidió trabajar con sentido de urgencia para operativizar lo antes posible la Ley contra el Crimen Organizado. 

Sobre el punto EVR agregó: “Esperamos que este llamado sea atendido, ya que se hace urgente la entrada en vigencia y aplicación de esta nueva norma en una serie de delitos que están ocurriendo en todo el país y, particularmente en el Gran Concepción, con la detención de diez miembros activos del tren de Aragua”.

Junto a ello, el congresista evidenció también el grave problema de seguridad que está sufriendo el transporte público en donde subrayó que “existe un retraso evidente en la implementación de planes que permitan mayor seguridad tanto a usuarios como a choferes, tales como pago con tarjeta, control por medio GPS de los recorridos o control de flotas por medio de los perímetros de exclusión. 

“Hemos planteado esta situación al Ministro de Transporte, quien se comprometió a que la implementación de estas medidas en el gran Concepción comenzará este 2023 y continuará progresivamente en los próximos años. Esperamos que con medidas de este tipo mejore sustancialmente la calidad el servicio de trasplante público, así como la seguridad de los choferes y demás trabajadores del transporte del gran Concepción”, concluyó.