El debate abierto tras la presentación de ley corta del Gobierno que apunta a implementar el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores sigue creciendo.

Todo, en medio de las dudas respecto a si las aseguradoras podrán sobrevivir a una devolución de US$1.400 millones por cobros en exceso, más un baja promedio del 6% -en algunos casos hasta 10%- de sus ingresos por adecuar todos sus contratos a la tabla única de factores.

Se trata de un escenario que desde la Asociación de Isapres han criticado con fuerza. El presidente del gremio, Gonzalo Simón, asegura que el proyecto del Ejecutivo "es un engaño", puesto que "promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse". En ese sentido, la asociación también cuestionó que la iniciativa "disfraza un cierre por secretaría del sistema de isapre y el traslado obligatorio de las personas al Fonasa, que no da abasto para atenderlas.

Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y el acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas".

Es que si bien el foco ha estado puesto en si las isapres podrán hacer frente a estas cifras, la iniciativa también propone un fortalecmiento del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que algunos expertos han interpretado como la pavimentación del camino para aguantar una eventual fuga masiva de afiliados de isapres a Fonasa.

Los cambios a Fonasa

Con el objetivo de modernizar al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la ley corta propone la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria, en virtud de la cual los 8,2 millones de cotizantes del sistema podrán contratar voluntariamente seguros privados, intermediados por el Fondo, que les permitirán acceder a los prestadores privados -clínicas, centros médicos, laboratorios y otros-.

En rigor, los beneficiarios de Fonasa podrán acceder a estos seguros mediante el pago de una prima comunitaria adicional al 7% por persona. Además, se plantea que el organismos público licitará estas coberturas en el mercado permitiendo competir a las compañías de seguro, no obstante, la puesta en marcha será a través de un contrato directo.

La información proporcionada también indica que la modalidad no será excluyente ni discriminatoria por razones sanitarias, es decir, en especial para las preexistencias.

Según se lee en el proyecto del Gobierno sobre la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria, "quienes podrán acceder a esta modalidad son las personas afiliadas y beneficiarias de los grupos pertenecientes a los tramos B, C y D, debiendo inscribirse voluntariamente ante el Fondo Nacional de Salud. Para ello, las personas deberán haber efectuado cotizaciones de salud durante los últimos seis meses, sea ante el Fonasa o ante una isapre".

Asimismo, se establece la excepción de cumplir con el mínimo de cotizaciones para aquellas personas que cotizan por primera vez en el Fondo. En el detalle, la modalidad considerará esquemas definidos por Fonasa, y cada uno de ellos "contemplará una red de prestadores a los cuales podrán acceder las personas que se inscriban en esta modalidad.

Las prestaciones hospitalarias y ambulatorias se financiarán con las cotizaciones legales para salud; una prima plana complementaria por persona beneficiaria, a cargo de la persona afiliada, que deberá ser enterada ante una compañía de seguros, quien otorgará la cobertura financiera complementaria; y por el copago al cual debe concurrir la persona afiliada, si correspondiere".

En cuanto a la fiscalización de esta modalidad, el proyecto de ley establece que la Superintendencia supervigilará al Fondo Nacional de Salud en lo relativo a esta modalidad, tal y como lo hace actualmente respecto de las dos otras modalidades que ofrece el Fondo.

El argumento del Gobierno

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, reiteró que "el proyecto de ley no está pensado para que haya una migración masiva de isapre a Fonasa".

"Tenemos un componente de Fonasa en el proyecto porque otro de los actores afectados por esta situación son los prestadores de salud privados. Los prestadores están preocupados, han tenido problemas con los convenios, han venido a pedir que sean parte de la solución", advirtió la secretaria de Estado.

Ante esto, explicó que "lo que planteamos con el fortalecimiento de Fonasa es que la gente que está en el seguro público, tenga la capacidad de usar mejor al prestador privado y garantizar un mercado que pueda optar, y que tenga una mayor estabilidad por el lado del seguro público", por lo que no se trata de un proyecto "pensado para que haya una migración masiva de isapre a Fonasa".