Tras sesionar de manera extraordinaria, el Pleno de la Corte Suprema resolvió declarar inadmisible una solicitud de remoción de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, presentada por un grupo de 16 diputados.

Según informó el Poder Judicial, la Suprema estimó que el requerimiento "no entrega medios de prueba de las supuestas inconductas de la autoridad (...), por lo que no puede ser admitida a tramitación", ya que lo primero "es requisito esencial para iniciar el proceso y que la requerida ejerza su derecho a defensa".

"Una revisión formal del libelo permite evidenciar que la parte requirente no acompañó, ni ofreció en su presentación, los medios de prueba de que se valdrá para demostrar los hechos en que se funda la causal de remoción invocada", indica la resolución.

"Tal exigencia debía necesariamente cumplirse con la presentación del requerimiento de remoción, (...) pues tales antecedentes probatorios deben ser conocidos por la recurrida al momento de evacuar el traslado y ofrecer su propia prueba, para resguardar el correcto ejercicio de su derecho a defensa. (...) Por las razones expuestas, el libelo de remoción incumple los requisitos legales para ser declarado admisible", sentenció la Suprema.

La decisión fue dividida: ocho ministras y ministros de la Suprema estuvieron a favor acoger a tramitación la solicitud parlamentaria, que acusaba negligencias y denegación de Justicia en causas emblemáticas lideradas por la persecutora, como el caso del niño Tomás Bravo.

La decisión del máximo tribunal había sido adelantada, hecho considerado "gravísimo" por el diputado Leonidas Romero (independiente, miembro de la bancada RN), uno de los impulsores de la destitución.