El Servicio Nacional de Migraciones envió un oficio a la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja, en respuesta a una consulta acordada por las y los parlamentarios sobre las expulsiones de extranjeros pendientes de notificación, detallando que hay más de 800 resoluciones dictadas. 

"Desde la entrada en vigor de la Ley N°21.325 y hasta el día 31 de marzo de 2023, este Servicio ha remitido a la Policía de Investigaciones de Chile 2.192 oficios que inician procedimientos de expulsión, para su notificación personal", señala el documento revelado por El Mercurio. 

Estos más de 2.000 oficios fueron remitidos entre marzo de 2022 y marzo del 2023, ya que el reglamento de la Ley de Migraciones se publicó en febrero de 2022, cuando inició su vigencia.

El documento, además, puntualiza que la PDI informó al servicio que hasta el 31 de marzo pasado "se han notificado personalmente 1.188 inicios de procedimientos sancionatorios de expulsión, dictándose por este Servicio 881 resoluciones que disponen la expulsión de extranjeros infractores". 

Pese a los datos anteriores, no se aclaró si están o no ejecutadas, lo que generó dudas al interior de  la instancia. 

CUESTIONAMIENTOS DESDE LA OPOSICIÓN

La presidenta de la comisión, la diputada Joanna Pérez (Ind.), consideró que "evidentemente, 800 expulsiones es una cifra baja en comparación con las 20 mil expulsiones pendientes que hay en el país. Esperamos que el Gobierno presente a la brevedad la forma como va a resolver esta situación; nosotros pedimos este oficio para saber. Y no solo es importante que existan 54 mil ingresos clandestinos o por pasos no habilitados, sino que a ellos se suman casi 100 mil de los cuatro años anteriores a este Gobierno que también ingresaron clandestinamente".

"Sin duda, requiere de una respuesta de Estado a la brevedad", añadió. 

Por su parte, el diputado Renzo Trisotti (UDI) criticó que "con estas cifras, hoy, el Servicio Nacional de Migraciones está siendo parte del problema, al evidenciar una mínima capacidad para concretar expulsiones". 

Mientras que su par de RN Miguel Becker aseguró que "indudablemente, el número de personas expulsadas del país es bajo en comparación con las 20 mil expulsiones pendientes y los más de 50 mil ingresos ilegales durante el último año, pero no nos sorprende al ver un Gobierno que avala la migración ilegal y que no pone reglas claras en nuestras fronteras".

Finalmente, desde el oficialismo, la diputada Javiera Morales (CS) señaló que "es un problema de Estado el que existan 20 mil expulsiones decretadas sin ejecución y que se vayan heredando de gobierno en gobierno", y defendió que "si comparamos con el año 2021, la cantidad de expulsiones aumentó en un 17% el 2022, lo que contradice a todos quienes han cuestionado la voluntad política de este Gobierno por avanzar en una inmigración ordenada, regular y segura". 

Y recalcó que "por supuesto que se deben aplicar las herramientas que otorga el Estado para abordar el tema y así descongestionar el gran número de expulsiones que están pendientes (...); sin embargo, es importante sincerarnos y aceptar que el solo cambio de procedimiento de expulsión no es la solución al problema de la inmigración irregular, el cual debe ser abordado por todas las instituciones de nuestro país y a través de esfuerzos diplomáticos".