La jornada del jueves 6 de abril fue intensa para las autoridades de Gobierno y para una buena parte del aparataje estatal. La noche del miércoles, el carabinero Daniel Palma había sido baleado en un operativo en el centro de Santiago, y más tarde, poco antes de las 2 de la madrugada, perdió la vida en la ex Posta Central.

Mientras el funcionario se convertía en el tercer mártir de Carabineros en sólo 23 días, el Presidente Gabriel Boric, su equipo de ministros competentes en la materia y asesores del segundo piso estaban reunidos en La Moneda.

Era prácticamente un hecho que luego de aquella "señal" de urgencia, vendría un anuncio en seguridad: la intervención a 30 comunas del país que concentran un tercio de la población nacional y cerca del 50% de los delitos más violentos.

"Este plan se está trabajando desde enero y según las decisiones que tomamos ayer, el piloto que parte este mes de abril en Santiago, va a ser seguido anticipadamente en el resto de las comunas a partir de mayo y en base a las evaluaciones lo podemos ampliar a otras comunas", dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, esa mañana desde La Moneda.

Esa noche, fue el Presidente Gabriel Boric quien hizo oficial el anuncio y dio a conocer el nombre del mismo: Plan "Calle sin Violencia", cuya política "concreta y efectiva", dijo el Mandatario, contempla recursos para fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las policías y fiscalías.

Además, aborda cuatro ejes: reforzar la persecución penal (priorizada para homicidios y delitos asociados), el aumento de la actividad policial (fiscalización de armas, aumento de patrullajes), fiscalización de infracciones e incivilidades, e intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos.

Todo ello, con un costo de USD $1.500 millones anuales, y con un arranque piloto, dijeron las autoridades, en la comuna de Santiago. En las otras 29 zonas, el plan se activará en mayo.

Las diez presuntas comunas del debut

Era esperable, de todas maneras, que varios alcaldes quisieran ser incluidos en el "listado de las 30", especialmente aquellos de zonas con altos indicadores de delitos violentos y homicidios.

De hecho, según se pudo comprobar, el Ejecutivo ya había socializado con algunas autoridades regionales parte de los ejes del plan. Pero de comunas en concreto, no había detalle.

Eso, hasta que el martes de esta semana las autoridades del Interior se reunieron en La Moneda con representantes de municipios, cita a la que asistió la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao; su par de Puente Alto, Germán Codina; y Gustavo Alesandri, alcalde de Zapallar.

El motivo de la reunión era analizar la intervención en "comunas prioritarias" en función a la realidad delictual que las afectan, lo que incluiría, profundizar en el plan en cuestión.

Pero al término de la instancia, y aunque ninguna autoridad de Gobierno tomó la vocería, ya se conocía que habría 10 comunas que, presuntamente, debutarían en los patrullajes: Valparaíso, Los Ángeles, Concepción, Santiago, Lo Espejo, Puente Alto, Copiapó, Iquique, Arica y La Pintana.

Las horas posteriores fueron de reacciones; varios jefes comunales celebraron la noticia, otros, como en Temuco, criticaron que no fueran incluidos. Pero con el paso de las horas, algunas situaciones no calzaban del todo: algunos alcaldes recibieron la información por parte de las respectivas delegaciones presidenciales, y otros, como el jefe comunal de Arica, se enteró "por la prensa".

Gobierno ha descartado tres veces un "listado oficial"

Esa misma tarde, y en medio de la oleada de reacciones que había generado la socialización de las presuntas 10 comunas priorizadas, la ministra del Interior salió descartar la información: aclaró que lo único oficial es que Santiago será la primera comuna intervenida, y el resto, dijo, son "elucubraciones".

Tohá recalcó desde el Congreso que hubo un intenso trabajo para adelantar aquello que estaba planificado, "pero el punto de partida va a ser el que estaba previsto, que es la comuna de Santiago, que parte muy próximamente".

En tanto, subrayó que "el resto de las comunas no ha sido todavía informada, toda la información que circula al respecto se refiere a rumores o suposiciones, en algunos casos, los indicadores son bastante evidentes, que ciertas comunas debieran estar, pero son solo elucubraciones y queremos decir que no se va a dar ninguna información al respecto hasta no haber hablado uno por uno con los alcaldes implicados", agregó Tohá.

El miércoles, y luego que se conociera que tres carabineros resultaron baleados en La Florida, la ministra volvió a ser consultada por el tema: no sólo insistió en que "al plan Calle sin Violencia se van a asociar dos intervenciones más. Deberíamos esperar un poquito que estos anuncios se hagan públicos y completos, porque cuando se agarran pedacitos, se produce confusión, malos entendidos, y queremos que haya claridad, transparencia e información completa".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también debió salir a explicar el tema, especialmente a raíz de la continuidad de las críticas por parte de alcaldes que dicen estar "excluidos" del listado.

Junto con recordar que sólo Santiago está definida, la secretaria de Estado sostuvo que "el Gobierno no ha dado una información oficial aún sobre el resto de las comunas y cuando esté oficializado va a ser el mismo ministerio y las mismas autoridades correspondientes las que van a oficializarlo. Esto no es llegar y hacer una competencia entre comunas".

Más versiones contrapuestas

Tanto la alcaldesa Leitao como el alcalde Codina señalaron publicamente, lo que se habría dicho en la reunión del martes, aunque no hay plena coincidencia en lo que supuestamente se abordó.

La alcaldesa de Peñalolén afirma que efectivamente "no hay un listado oficial" de las comunas que entran en el Plan y que ese día se abordaron algunas "a modo de ejemplo".

"En la reunión se habló de algunas comunas, se pusieron como ejemplo, por los indicadores, etcétera, pero en la práctica no, no se dijo y se nos dijo ahí, que las 30 comunas no estaban definidas", comentó Leitao.

Por el contrario, el alcalde Codina, insistió en que se les informó de diez comunas iniciales para iniciar con los patrullajes efectivos y dijo estar "alarmado" por las afirmaciones de la ministra Tohá.

En La Moneda se nos informó oficialmente que el plan 'Calle sin violencia' parte con los patrullajes policiales efectivos en diez comunas, entre ellas Puente Alto", sostuvo a este medio el jefe comunal.

¿Una reacción sin estrategia?

"Fue una reacción ante los hechos, y eso fue un anuncio que no tenía ni consistencia ni coherencia, porque no se devela una estrategia clara", comentó el académico y analista político de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. El académico sostiene que esta situación daría cuenta que todas las coordinaciones necesarias -carabineros, PDI, fiscalía, etc- y previas al anuncio no estarían planificadas, "sino que probablemente habían ciertas ideas de ejecutar acciones dentro de algunas comunas, y por lo tanto, creo que ahí estuvo el problema: se reacciona ante los hechos, con un plan que no pareciera estar muy delineado en la actualidad", comentó.

Además, Duval cree que el efecto que generó en los alcaldes que criticaron no estar incluidos en esta presunto "primer tiempo" del plan, no es más que un reflejo de la "improvisación" con la que se actuó. "Si tienes el dato específico, y puedes definir ciertas comunas, bajo esos criterios podrías efectivamente decir cuáles son (las 10 primeras) zonas, lo que no quiere decir que sean las únicas.

Creo que faltó diseñarlo adecuadamente; puede ser, pero recordemos además que el próximo año hay elecciones, por lo tanto cualquier alcalde, independiente de su posición política se va a sentir menoscabado si no está en la lista y tiene una alta conflictividad en su comuna", dijo el experto.

Por su parte, el director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, Daniel Jonhson, subrayó que, a su juicio, "es fundamental que el plan implemente acciones basadas en evidencia. Es decir, que tengan un objetivo claro, una metodología precisa y que hayan tenido resultado en otros países". "El Estado carece de recursos disponibles para abarcar a todas las comunas con este plan.

Por lo tanto, es indispensable hacer una selección en base a criterios objetivos claros, que estén alineados con las medidas que se están implementando y con el problema delictual de la comuna. Además, estos criterios deben ser transparentes para que toda la ciudadanía conozca por qué estamos interviniendo en una comuna en particular", precisó.

Quien también abordó el tema fue Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, quien llamó al Gobierno a "hacer un especial esfuerzo" y explicar "por qué eligió algunas comunas y no otras; para explicar que los dineros no alcanzan para todas.

Quizás hay comunas que tienen tasas de homicidio más altas y hay que priorizar, pero todo eso hay que explicarlo muy bien, porque necesitamos saber, por qué se elige algunas y no otras".