En total, el Registro Civil consigna como prófugos de la Justicia a 31 mil personas. Sin embargo, al depurar el dato, 1.330 son buscadas por las policías para cumplir sus condenas en la cárcel.

La cifra es alta, creen en el gobierno, por lo mismo, y alarmados por lo ocurrido en el homicidio del 26 de marzo a la sargento Rita Olivares -donde tres de los imputados estaban en calidad de prófugos-, el Ejecutivo creó una “fuerza de tarea” junto al Poder Judicial, Carabineros, la PDI, Gendarmería, la Fiscalía y el Registro Civil.

Liderada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, la instancia tuvo su primera sesión esta semana. Allí, el titular de la repartición, Eduardo Vergara, acordó, junto al ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza -y los otros integrantes de la mesa-, fijar un objetivo: implementar acciones para poder buscar de manera eficaz y eficiente a los prófugos de la justicia.

Este trabajo busca, según explicaron quienes participaron de la cita, establecer un mecanismo de priorización y depuración de los delincuentes que no han sido encontrados y que permita enfocar las tareas policiales de búsqueda.

Es decir, se tendrá atención sobre el total de prófugos, pero se priorizaran las labores de búsqueda en torno a los 1.330 que deberían estar cumpliendo su condena en la cárcel. Este mecanismo contará con una serie de factores que pondere a lo menos los antecedentes, la pena del delito, la recurrencia del historial criminal y la magnitud del daño producido, entre otros factores.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, explicó que “hoy más que nunca las instituciones del Estado están llamadas a maximizar la coordinación y redoblar los esfuerzos. Esto es justamente lo que la ciudadanía espera por parte de las instituciones del Estado: que avancen con seriedad, rigurosidad, como también con sentido de urgencia en cumplir su responsabilidad de proteger”.

Sin embargo, a pesar de que la prioridad es dar con los delincuentes más prolíferos, en la mesa de trabajo se acordó mantener un proceso que resguarde los derechos humanos y que no ponga en riesgo la seguridad y libertades del resto de la población. Para esto es fundamental -explican desde el gobierno- apoyarse en tecnología que permita detectar de manera preliminar la presencia de prófugos, tanto en instituciones como en espacios públicos.

El subsecretario destacó que “todos los participantes pusieron a servicio de este grupo de trabajo su conocimiento y disposición inmediata para que llevemos acciones conjuntas que permitan enfrentar este problema de forma eficiente e inteligente”.

Sobre la presencia del ministro Carroza en la instancia, Vergara destacó que el magistrado -histórico ministro en visita en los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura- “tiene experiencia en esta materia, pues el 2008 trabajó en la elaboración de un catastro de prófugos que fue de gran ayuda y hoy también comprometió la colaboración del Poder Judicial para sacar adelante esta iniciativa”.