Las peticiones desde la ciudadanía por mayor seguridad no es reciente, así como tampoco lo son las peticiones de los gobernadores regionales por poder colaborar de manera activa, es decir, con atribuciones legales, en las necesidades de sus propios territorios.

Y en medio de un escenario donde dos carabineros han sido asesinados en menos de un mes, en un contexto marcado por una creciente violencia, las peticiones se hacen aún más urgentes.

El gobernador regional de la RM, Claudio Orrego, apuntó a la necesidad de se sumen entidades con más atribuciones en materia de seguridad. "Es divertido porque, (como gobernador) no tengo ninguna atribución (contra el crimen organizado), pero tengo una billetera bien importante", sostuvo.

En esa línea, la autoridad regional detalló la "paradoja": legalmente, afirmó que "tiene las manos atadas", aunque "no los brazos caídos". Esto, porque de todos modos ha destinado recursos para aportar en materia de seguridad.

"Estamos invirtiendo 85 mil millones de pesos en vehículos para las policías, estamos construyendo cuarteles, estamos financiando la renovación del parque lumínico de muchas comunas de Santiago, alarmas o cámaras comunitarias para los vecinos, proyectos de televigilancia para las comunas, etc.", detalló.

Por eso, reforzó un llamado que hace meses se ha puesto sobre la mesa desde la Asociación de Gobernadores Regionales: contar con atribuciones en materia de seguridad. "Los gobiernos regionales estamos haciendo mucho, pero lamentablemente la ley, y esta figura del delegado presidencial, no nos reconoce el liderazgo que tenemos que tener en materia de prevención del delito, y en eso yo le quiero pedir al Gobierno: a ustedes no les sobran manos, les faltan manos", dijo Orrego.

"Sumen a los gobiernos regionales. Tenemos recursos, tenemos ganas y tenemos legitimidad política y eso queremos ocuparlo, no para andar criticando a unos y a otros, sino para contribuir en una tarea que hoy día es la primera prioridad de Santiago, pero también de todo Chile", enfatizó la autoridad.

"Es un contrasentido gigante".

El 19 de diciembre, y antes de que las tratativas del Ejecutivo por un acuerdo nacional por seguridad pública quedara "congelada" tras los indultos que otorgó el Presidente Gabriel Boric, los representantes de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (Agorechi) presentaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, un informe elaborado con nueve propuestas en la materia.

Dos de esos puntos quedaron comprometidos por el Ejecutivo para ser incluidos en una indicación al proyecto -que se ingresará en mayo- que crea el Ministerio de Seguridad Pública: el traspaso de facultades en materia de prevención del delito a los gobernadores y gobernadoras, y el apoyo a víctimas.

Según detalla el presidente de la de Agorechi y gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, la próxima semana se firmaría el posible acuerdo con el Ejecutivo, para aterrizar dicho compromiso y así, este año, poder ser incorporados en el proyecto de ley. Esto, recalca, porque "los gobiernos regionales hemos aportado, durante el periodo 2021-2022, más de $330 mil millones en temas de seguridad, y no tenemos ninguna función, eso es absurdo, un contrasentido gigante.

Por eso esperamos que el Gobierno entregue prontamente su 'ok' y presente el proyecto de ley que nos entrega atribuciones específicas en materia de prevención del delito y protección de víctimas". Vallespin comenta que de concretarse legalmente dichas atribuciones, los delegados presidenciales ya no las tendrían asignadas, "por lo tanto, ganaríamos en competencias y se reduce un poco la de los delegados presidenciales".

Esto, por cierto, implicará un posterior diálogo entre los ambas autoridades regionales para hacer los ajustes necesarios que permitan equilibrar las atribuciones. "Eso es lo que el gobierno dice que no es tan fácil", comenta el gobernador de Los Lagos.

Gobernador de Arica apunta a "policías regionales"

El gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, refrenda los dichos de sus pares en materia de los aportes que han realizado para combatir la delincuencia, pese a no tener atribuciones explícitas.

"Con nuestros fondos regionales concurrimos en un alto porcentaje a materia que están vinculadas a este tema; porque entendemos que si es una necesidad de la ciudadanía, no les podemos dar la espalda a quienes nos eligieron".

En esa línea, comentó que "en el caso de mi región esto es una necesidad latente. El año pasado, tuvimos un presupuesto inicial de $40 mil millones, de los cuales $13 mil millones fueron destinados a materia de seguridad pública. Este año, de un presupuesto de $44 mil millones, ya llevamos destinados $11 mil millones para este tema, incluyendo migración irregular.

Eso, pese a no tener ninguna atribución vinculada a estas situaciones". A juicio de Díaz, las competencias que el Gobierno transferirá a los gobiernos regionales "aún son débiles". Esto, explica, porque "no hay una descentralización real o efectiva. Hay países donde existen policías o seguridades públicas con distintos niveles: nacionales, comunales y regionales, eso fortalece la descentralización.

A mi me parece que la norma se queda corta", comenta. La autoridad regional además recalca que "no todo Chile es igual y los problemas que hay en unas regiones no son los mismos que en otras (...) Chile es diverso y tiene distintas necesidades, por lo tanto se requiere que desde los territorios se prioricen esas necesidades, y no podemos seguir usando medidas nacionales que se repliquen en todas las regiones o comunas", subrayó.

Y a partir de esa base, "se podría tener la facultad no sólo en prevención, sino que incluso la creación de seguridad o una suerte de policías regionales".