Chile llegó a la posición 17° a nivel global en el índice de Terrorismo Global (Global Terrorism Index), según la versión 2023 de dicho estudio, desarrollado por el Instituto de Economía y Paz (IEP).

El ranking, que consideró a 163 países, entrega una mirada, para muchos, preocupante, de "las tendencias y patrones mundiales del terrorismo durante la última década".

Para elaborar el ranking, los autores consideran, además de las muertes, factores como incidentes, rehenes y heridos por el terrorismo, ponderados durante un periodo de cinco años. Eso sí, se trata de percepciones sobre el terrorismo, ya que no mide sentencias donde, por ejemplo, se haya condenado por este tipo de hechos.

En el caso específico de Chile, el puntaje obtenido fue 6.619, y subió un puesto respecto del estudio anterior. Además, el país es el segundo de Latinoamérica en el ranking, siendo superado solamente por Colombia, que está en el puesto 15°, con un puntaje de 6.697. Debajo de Chile está Perú, Venezuela, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Brasil.

El documento también detalla que en el territorio se experimentaron 1.170 ataques terroristas que resultaron en 20 muertes entre 2012 y 2022. La mayor parte de dichos ataques y la mitad de las muertes, ocurrieron en los últimos dos años.

El efecto "Araucanía"

"Es una posición alta y muy preocupante, porque uno esperaría que esto fuera mejorando, y la verdad es que está pasando todo lo contrario", dice a Emol Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab.

Incluso, comenta, el hecho de que Chile haya quedado en segundo lugar en América Latina, después de Colombia, también es complejo, considerando que ese país tiene una historia asociada a actos y grupos terroristas.

De acuerdo a la experta, la tesis que más sentido hace para que Chile quedara en el puesto 17° apunta "es que esto estaría impulsado por el accionar de los grupos violentos organizados en la macrozona sur".

Lizana destaca además que precisamente fue el 2022 uno de los años "más violentos" en la zona, donde hubo 15 muertes, y en 2019 hubo seis. "También aumentaron los ataques incendiarios en La Araucanía, y las consignas de estos grupos radicales que se mueven con objetivo político tienen que ver enfrentar al Estado, justificar el uso de armas y la violencia para llevar adelante su proyecto", agrega.

En esa línea, aclara que todos aquellos actos asociados al terrorismo deben diferenciarse de aquellos del crimen organizado -como ocurre en varias partes del país, especialmente en la macrozona norte-, porque "el crimen organizado no va a buscar voluntariamente generar tanto ruido en el entorno, porque su objetivo es más bien poder utilizar y explotar todos los beneficios del Estado para su negocio.

En cambio, en la macrozona sur, los atentados y ataques incendiarios generan mucho ruido alrededor y en todas partes de Chile". Para Alejandro Hurtado, director de la Clínica Jurídica de la Universidad del Alba y abogado experto en Derecho Penal y Procesal, efectivamente el escenario es complejo y "más que solo La Araucanía", sin embargo recalca que "lo que viene ocurriendo en esa zona, hace ya muchos años, es un elemento sustantivo.

Probablemente se aprecia el aumento que ha tenido el terrorismo en Chile y, por lo menos a mi juicio, es algo que no se puede discutir; al menos hace una década se viene incrementando y con lo que ocurre en La Araucanía toma relevancia, lo que además es muy lamentable".

En la misma línea, como se trata de un indicador de percepciones, Carlos Silva, criminólogo y académico de la Universidad Andrés Bello, pone el acento en las víctimas, pues son ellas las que dan "un fuerte impulso a que estos delitos, ya sea quemas, robos, u otros, tengan esta calificación de 'delito terrorista'. Ha habido un empuje constante para que se califiquen de esta forma, o de que estos hechos son terroristas".

El debate por la Ley Antiterrorista

"No quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista". Esas fueron las palabras del Presidente Gabriel Boric en noviembre de 2022, en el marco de su gira por La Araucanía.

Dos días después, y en medio de diversos emplazamientos para que la normativa se aplicara frente a los actos de violencia en la zona, el Mandatario fue categórico: "Es un hecho que la aplicación de la Ley Antiterrorista ha tenido pésimos resultados tanto para las víctimas como para el Estado de Chile.

El Estado ha sido demandado internacionalmente y ha perdido en todos los casos que ha sido demandado por esto", y añadió que "la Ley Antiterrorista para nosotros no es una opción". Pese a ello, y a los hechos de violencia que continúan ocurriendo en la Macrozona Sur, el debate no ha decantado. Tras conocerse el informe, la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena (Republicanos), calificó como "insólito que un reporte internacional muy prestigioso nos tenga que decir la gravedad y profundidad del problema de terrorismo que tenemos en Chile".

Además, emplazó al Gobierno a que "reaccione ante este severo llamado de atención y defina e implemente a la brevedad una estrategia nacional contra el terrorismo, en la línea de la estrategia antiterrorista de España, la Unión Europea y la ONU, y que le pongan urgencia al proyecto que permite las técnicas especiales de investigación, como agentes encubiertos e informantes en la Ley Antiterrorista".

El también senador por la zona, José García Ruminot (RN), dijo la semana pasada a Agricultura que el reporte "da cuenta de la cruda realidad que se vive en la Macrozona Sur", y se sumó a los cuestionamientos hacia el Ejecutivo por las acciones para resolver el problema. "El Gobierno no ha hecho absolutamente nada para enfrentar el terrorismo.

Nunca se ha querellado por ley antiterrorista, no tiene una estrategia antiterrorista ni tampoco ha puesto urgencia a los proyectos de ley contra el terrorismo", criticó.

El "recelo" de aplicar la ley y las otras alternativas

Es cierto que no sólo el Presidente Gabriel Boric ha evitado aplicar la ley antiterrorista; puesto que también ocurrieron estos casos en gobiernos anteriores. La razón, de acuerdo al académico de la UNAB, Carlos Silva, es exactamente la misma que esgrimió el Mandatario en su visita a La Araucanía: los constantes cuestionamientos a la normativa por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Hay una condena categórica de la CIDH, en el caso Norín Catriman; miembros de las comunidades mapuche condenados en 2004 bajo esta ley. Pero la CIDH sostuvo que lo que hace la normativa era restar garantías que se aplicaban para todos los demás procesos, salvo para ellos. Después de esta sentencia, claramente los gobiernos miran con más recelo la aplicación de este tipo de normas", comenta el académico.

Por su parte, Pilar Lizana, recalca que en efecto el debate que se ha dado sobre el tema ha sido extenso, "incluso cuando tenemos varios personeros políticos que hablan directamente de terrorismo, pero necesitamos que exista un acuerdo para que, quienes tengan que aplicar las leyes y las sanciones, éstas sean las correspondientes".

"Si estamos hablando de madera o mafias madereras, ahí probablemente debamos aplicar una legislación más asociada al crimen organizado, que nos permita perseguir el dinero o desarticular los puntos de blanqueo, etc.

Por el contraste, si estamos hablando de un grupo que se declara en conflicto con el Estado, que tiene un objetivo político y que va a utilizar actos para infundir terror en la población y así ir generando control territorial, quizás ahí tenemos que empezar a hablar de una ley antiterrorista", cerró la investigadora.

En la misma línea, Hurtado sostiene que efectivamente "tiene que haber un acuerdo y en conjunto entre el Gobierno y la oposición. En efecto, se escuchan más debates, discusiones, y probablemente hasta desde el punto de vista ideológico.

El terrorismo y la delincuencia en general es algo que a más allá de lo político, lo que correspondería es que se sentaran a la mesa en serio, evaluar fórmulas.

Puede que haya cosas que deben mejorar, pero tiene que existir una herramienta de estas características". Silva complementa que "efectivamente hay herramientas que parecen muy eficientes, pero terminan siendo vulneratorias. Y nadie quiere asumir el costo político de que se reforme la ley antiterrorista y señalar qué es lo que se debe quitar de la misma, y ahí viene la eterna discusión de quien parecerá 'más blando', porque nadie quiere parecerlo", cerró.