Un total de 20.931 expulsiones sin ejecutar es la cifra que informó la ministra del Interior, Carolina Tohá, ante la comisión investigadora sobre la macrozona norte de la Cámara de Diputados. Esto, pese a que sus respectivos decretos ya se encuentran firmados.

"En Chile hay 20 mil expulsiones decretadas que no se han ejecutado. Hay varias causas, la primera es que para ejecutarse completa la expulsión, tiene un trámite que estamos corrigiendo ahora porque precisamente es muy engorroso y hace muy factible para la persona expulsada hacerse inubicable", dijo la secretaria de Estado.

En esa línea, agregó que el segundo problema es que "la coordinación operativa es bastante compleja e insuficientemente desarrollada", mientras que en tercer lugar, sostuvo que "el problema es que tenemos expulsiones que no podemos lograr, porque el país de origen no nos da plan de vuelo, no nos permite enviar un avión con personas; nos pasa con Venezuela, por ejemplo. Uno no expulsa a cualquier lugar, uno expulsa al país de origen, y si el país de origen no da las facilidades, es muy difícil ejecutarlas".

Del total de expulsiones que no se han ejecutado, Tohá precisó que en el momento en que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric asumió, ya habían 20 mil pendientes, y otras 931 se "han agregado en los últimos meses".

Además, el director de Migraciones, Luis Thayer, informó recientemente a los diputados que en lo que va del año, se han materializado 140 expulsiones, y cada una cuesta $2.700.000.

Tohá dijo al respecto que "efectivamente hacer todas estas expulsiones tiene un costo gigantesco, superior a los recursos que están hoy en el presupuesto, pero nosotros no topamos en recursos (...) ha sido lenta por todos estos obstáculos previos que han sido la parte administrativa, la colaboración de los países de destino que en algunos casos no es el problema, pero en el caso de Venezuela sí es un gran problema".

Con todo, la ministra valoró que los diputados aprobaran -de manera unánime- la idea de legislar el proyecto que busca agilizar los procesos por ingreso clandestino al país. Luego de las indicaciones introducidas para mejorar su redacción, la propuesta ya fue devuelta a comisión.