La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) —un organismo internacional establecido en 1968 y compuesto por 13 miembros elegidos por el Consejo Económico y Social de la ONU— publicó este jueves su informe anual en Viena, dejando entrever que la legalización del consumo de cannabis con fines no médicos conduce a un mayor consumo, a más problemas de salud y no reduce la actividad delictiva.

¿Qué dice el informe?

El documento de 184 páginas analiza la tendencia a la legalización del consumo de cannabis para fines no médicos, siendo esta la droga ilícita más usada en el mundo. Llevándolo a cifras: sólo en 2020, 209 millones de personas frecuentaban esta droga, lo que representaba el 4% de la población global. Una tendencia que va en alza y que ha aumentado un 23% en el último tiempo.

En Chile, según el 14º Estudio Nacional de Drogas en Población General de SENDA, se reportó un aumento sistemático del consumo de esta droga en nuestro país. La prevalencia del uso de marihuana alguna vez en la vida pasó de un 13,1% en 1994 a un 38,2% en 2020; mientras que en el último mes la prevalencia pasó de un 1,8% en 1994 a un 7,9% en 2020.

Antes de proseguir con sus afirmaciones, la JIFE repara en que hay gobiernos que albergan dudas sobre si la cannabis debiese seguir siendo clasificada como una sustancia nociva, y si las medidas de fiscalización prescritas en los tratados mantienen o no su vigencia. Distintos enfoques que dificultarían “la tarea de evaluar los efectos que han tenido en la sociedad los cambios derivados de la legalización del cannabis”.

No obstante, según los datos obtenidos mediante estimaciones, el organismo indica que el efecto más importante de la legalización es la probabilidad de que aumente su consumo, especialmente en la juventud. Para ello ocupa como ejemplo a Estados Unidos, donde 19 estados han aprobado el consumo recreativo de la cannabis.

Allí, el consumo en las personas de 12 años o más se elevó del 16,5% al 24,5%. En esta línea, el informe indica que el consumo legal de marihuana “ha hecho que la población sea menos consciente del riesgo que comporta dicho consumo”.

Lo que se traduce —en los estados que se ha legalizado el cannabis— a más emergencias médicas y a más accidentes automovilísticos. Uno de los casos que aborda la JIFE fue Colorado, en 2014 inició la venta legal de marihuana para el uso recreativo. En este estado hubo un aumento en el número de llamadas por intoxicaciones con cannabis: en 2013 se registraron 125, mientras que en 2020 unas 318.

Asimismo, tras la apertura del mercado al por menor, las consultas en servicios de urgencia relacionadas con el consumo aumentaron un 56% entre 2016 y 2019. Asimismo, los datos estadísticos procedentes de este estado demostraron que —de la cifra total de accidentes de tráfico mortales registrados en 2020— “el porcentaje de conductores que estaban bajo los efectos de la cannabis era casi el doble que el porcentaje registrado en 2013”.

El informe de la JIFE también aborda las razones que esgrimen algunos gobiernos para legalizar el consumo recreativo. Algunos de ellos son que les permitiría establecer requisitos estrictos de calidad en los productos, lo que les permitiría proteger mejor la salud pública.

Otros sostienen que les facilitaría la creación de medidas de prevención, porque a los consumidores les resultaría más sencillo hablar de los problemas relacionados. Sin embargo, el principal sería reducir las actividades delictivas, la delincuencia y las violencias conexas. Según los datos disponibles, estos mercados ilegales se han reducido pero “han pervivido en todas las jurisdicciones”, aunque en distinto grado. En detalle, representan alrededor del 40% de la oferta en Canadá, hasta casi el 50% en Uruguay y el 75% en California.

¿Las razones?

Precios más bajos, mayor variedad, productos de mayor potencia, llegada a menores de edad y alta actividad en internet. Aparte del documento anual, el organismo también entregó un informe sobre precursores, entendidas como “las sustancias químicas que se desvían de su curso legal y se utilizan para la elaboración de distintos tipos de drogas”.

Sobre esto —a nivel regional— destaca que en América del Sur las organizaciones brasileñas y peruanas han ampliado su influencia y diversificado sus actividades. Que en Ecuador se notificó un aumento de violencia, al erigirse como un “centro de almacenamiento y distribución”, dentro de las rutas de cocaína. Y que el cultivo y producción de esta ha alcanzado cifras sin precedentes en Colombia.

La JIFE finaliza el documento entregando una serie de recomendaciones: que se estudien más a fondo los efectos del consumo de cannabis antes de adoptar decisiones a largo plazo; que se adopten medidas para garantizar el acceso adecuado a medicamentos controlados; que se preste mayor atención al problema del uso indebido de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes; y que los estados refuercen su cooperación en la lucha internacional contra el tráfico de drogas, fueron algunas de ellas.