Un fundamento de la reforma tributaria es que su impacto se concentre en los dueños (socios y accionistas) de grandes empresas, manteniendo el régimen especial para pymes.

Según esta lógica, debería impactar a unas 1.200 constructoras, lo que está lejos de ser un hecho marginal, pues aportan el 53% del empleo sectorial. Además, muchas empresas de nuestra industria, aun siendo pymes, se clasifican como grandes empresas por su facturación anual y no podrán acogerse a este régimen especial. Tal como está, la reforma afectará a la construcción en general.

Particularmente grave nos parece la desintegración del sistema tributario y el Impuesto a las Rentas del Capital. Esto supone que todas las ganancias de una empresa terminan siendo renta para sus dueños, aunque estos nunca las reciban en su totalidad, ya que una parte queda como ahorro o se reinvierte en la empresa. Enfrentados a pagar impuestos por una renta no percibida, socios y/o accionistas optarán por obtener estos recursos, restringiendo una importante fuente de financiamiento para las empresas.

La limitación al uso de pérdidas tributarias, en tanto, desconoce que en nuestra industria las empresas suelen incurrir en pérdidas al inicio de los proyectos, obteniendo ingresos al terminar su construcción. De aplicarse esta medida, caerá la rentabilidad y la competencia en el sector, ya que serán empresas de mayor tamaño las que concentren los nuevos proyectos, perjudicando a miles de pymes.

Por último, la restricción de beneficios a viviendas DFL-2, que hoy favorecen a personas naturales con hasta dos unidades, acarreará consecuencias no deseadas: los arrendadores quedarán afectos al impuesto a la renta o subirán de tramo, por lo que tratarán de traspasar esta carga al canon de arriendo, mientras que los arrendatarios enfrentarán un mayor arriendo mensual. ¿Podrán hacerlo? En muchos casos, no. Y esto seguirá presionando el déficit habitacional.

Dado lo anterior, los duros momentos vividos en los últimos años y la débil situación económica, creemos que la discusión pública debe enfocarse en crear inversión, empleo y crecimiento, necesarios para que efectivamente mejore la calidad de vida de las personas.