El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, aseguró que si bien han disminuido los delitos de mayor connotación social, marginando cifras de los años de pandemia, se ha mantenido el aumento en los últimos diez años los delitos violentos y los homicidios.

"En Chile se cometió un error por mucho tiempo, y todos los sectores, en que se ninguneó la sensación de temor. Se argumentaba de que eran los matinales, que era la prensa, que era la cobertura mediática", dijo.

En paralelo, desde la oposición se proyecta un cambio de eje durante 2023 para la agenda de seguridad a impulsar en la Cámara, a través de la comisión de Seguridad, instancia liderada desde enero por el diputado UDI, Jorge Alessandri. En ese sentido, el parlamentario señala a El Mercurio que definieron una serie de mociones prioritarias a tramitar desde la comisión que preside.

La primera iniciativa que se esperan tratar es la Ley Naín II, proyecto que busca aumentar las penas por delitos cometidos en contra de funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.

La propuesta se encuentra en primer trámite constitucional en la comisión de Seguridad. Sumado a ello, se menciona la moción parlamentaria presentada por diputados del Partido por la Democracia (PPD) y Partido Socialista (PS) que propone aumentar en un grado la sanción penal relativa al microtráfico.

No ha sido objeto de urgencias en la comisión de Seguridad. Como tercer punto, se considera el proyecto de ley presentado por diptuados de la UDI en 2022, que buscar establecer como delito el ingreso clandestino al país.

Ello, con el objetivo de perseguir judicialmente dicha conducta. Otra moción, en tanto, es la busca habilitar el uso de fuerza a las policías ante situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de los funcionarios, estableciendo el principio de razonabildad. La moción no ha sido vista por la comisión de Seguridad durante 2022.

Finalmente, un proyecto que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades es considerado urgente. Este, fortalece el rol preventivo de los gobierno locales. La iniciativa, que fue ingresada durante el 2018, propone fortalecer las atribuciones que tienen las municipalidades en la persecución de delitos.