El nuevo presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, Ricardo Díaz, realzó el trabajo que han hecho en los 18 meses desde la creación del cargo y aseguró que, contra el centralismo, han ido "cambiando las reglas del juego".

Desde el 14 de julio del 2021 los gobernadores, que por primera vez fueron electos democráticamente, ejecen como el órgano Ejecutivo de cada región del país. Desde entonces, conviven con los delegados presidenciales regionales, sucesores de los exintedentes y representantes directos del Gobierno Central de La Moneda, encargados de velar por el orden público y la seguridad, entre otras atribuciones.

Este año y medio de los gobernadores "ha significado un cambio en las reglas del juego", relevó Díaz, autoridad regional de Antofagasta, en Lo Que Queda del Día.

"Teníamos la visión de todo se decidía desde Santiago, que incluso se tenían que ejecutar los proyectos que definían en la capital y si no se hacían los fondos regionales debían pasar al nivel central. 

Hemos ido sistemáticamente cambiando las reglas del juego, ya no se devuelven los fondos al nivel central, tenemos un presupuesto distinto a la de la Nación, que nos permite tomar nuestras decisiones sobre inversión, que benefician al territorio", expuso.

Criticó, en ese marco, la figura del representante del Gobierno Central: "Hay una cultura centralista que desconfía de que en las regiones se puedan tomar buenas decisiones, que podamos decidir en qué queremos invertir. Siempre existía esta figura del delegado, y algunos pretendían pasar a llevar a los que somos electos".

Destacó, ante ello, que La Moneda se ha comprometido para, "en mayo de este año, enviar un proyecto de ley para terminar con la figura de los delegados presenciales; y para el primer cuatrimestre, una ley de rentas regionales que permita distribuir mejor los recursos".

También llamó a que se les den mayores facultades a los gobernadores para trabajar en torno a la seguridad ciudadana.

"Ya hemos estado generando un trabajo en temas de prevención del delito, financiamos cámaras de seguridad, recuperación de equipos tanto para carabineros y la PDI, construcciones de retenes y comisarías. 

Debe existir un reconocimiento constitucional de que los gobiernos regionales también podemos tener esta labor preventiva. Permítannos que estos aportes se ejecuten de una manera mucho más rápida, y no tengamos que estar pidiendo tantos permisos (...)

El Presidente tiene un discurso que habla de descentralización, pero los mandos medios ponen trabas", sostuvo.