La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, solicitó abiertamente un aumento o “normalización” de la dotación del organismo, al realizar su cuarta cuenta pública desde que asumió el mando institucional en la zona.

La abogada planteó que no es posible pensar en sostener de manera exitosa la persecusión penal, sino existen las capacidades necesarias para enfrentar el fenómeno delictivo, en sus distintas manifestaciones.

“Lo primero es instalar esta idea que es una adecuación, no es un aumento. Es poner al día a la fiscalía, hace 8 años que no se toca su planta de fiscales, atendiendo a que fiscal significa inmediatamente otras personas alrededor de él”, planteó.

Y para ejemplificar a que se refería recordó que en la Región existe media docena de oficinas del Ministerio Público donde la dotación es mínima.
“Hay que superar ciertas brechas que tenemos: las fiscalías unipersonales y bipersonales, nosotros tenemos varias en esta Región, son de verdad un modelo superado, funcionan por el encomiable esfuerzo de quienes trabajan ahí”, explicó.

Causas complejas

Pero no fue lo único que planteó la fiscal regional en la cuenta pública de la gestión 2022 del organismo en el Biobío.

Y para ello, precisamente para defender con números el trabajo realizado y justificar lo planteado en torno a la necesidad de mayor personal (fiscales, profesionales, técnicos y analistas) la titular de Fiscalía en la zona hizo un resumen de las causas complejas que a su juicio debería ser investigadas, no por fiscales de manera individual, sino creando fiscalías que se dedique exclusivamente a ellas.

Dicho de otra forma, Cartagena propone la creación de las fiscalías de Derechos Humanos, Alta Complejidad y Asuntos Internos. En la práctica, la de Alta Complejidad existe como tal y funcional al alero de la Fiscalía Regional, donde se llevaron las investigaciones del fraude al Fonasa por parte de una doctora o la investigación en la Dirección de Administración de Salud de la Municipalidad de Talcahuano. Pero para crearla, se debió “sacar” personal de las oficinas locales, o sea, a través de la redistribución.

En el caso de la de DD.HH. es solo un fiscal (Nelson Vigueras) de la oficina local de Concepción quien lleva estas causas, teniendo seis de ellas a la espera de juicio para este año, teniendo además sólo dedicación preferente y no exclusiva, generando como efecto colateral, que la fiscalía penquista “pierde” un fiscal dado lo complejo y extensa de estas investigaciones.

Algo similar ocurre con las investigaciones de los delitos sexuales, donde la unidad de Atención a Víctimas y Testigos, requiere de mayor número de profesionales.

Impasse con Carabineros

Mención aparte requiere el intento de instalación de la fiscalía de Flagrancia que ya funciona en la mitad del país y que se dedica exclusivamente a impartir las primeras diligencias a las policías ante los delitos, lo que permitiría unificar criterios y dividiría a los fiscales en dos grupos: uno que se dedique solo a la primera etapa o primeros momentos tras ocurrido un delito y un grupo más amplio que se dedique al desarrollo de la investigación propiamente tal.

El problema, aseguró Cartagena es que en la Región no se pudo iniciar esta fiscalía de Flagrancia porque Carabineros se ha negado a poder conectar su sistema informático al de la Fiscalía.

“Por alguna razón, que nosotros no alcanzamos a comprender, cuando tocó que se conectarán con nosotros a nivel de las plataformas, ellos argumentaron (Carabineros) algunos temas de seguridad, lo que llama la atención porque esos temas de seguridad no los tuvieron para conectarse en las ocho regiones donde sí funcionan conectando sus plataformas con las nuestras”, aseguró la fiscal, quien sostuvo que el tema ya escaló a nivel central para buscar una solución.