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20/01/2023
El alcalde de la Municipalidad de Chillán, Camilo Benavente Jiménez (PPD), enfrenta una situación compleja. Al revisar las contrataciones y pagos al personal municipal entre enero de 2021 y octubre de 2022, la Contraloría Regional de Ñuble constató una serie de hechos que calificó como “irregularidades”.
Entre ellas, se identificaron contrataciones a familiares y proveedores de la campaña electoral del actual alcalde, pagos excesivos a prestadores de servicios, dobles contrataciones, pagos de viáticos improcedentes y contratos sin ningún detalle del trabajo a realizar. Además, el órgano fiscalizador identificó a funcionarios municipales contratados a honorarios que también trabajaban en otras entidades públicas, e incluso privadas, donde se superponían los horarios de sus contratos.
Consultado por los resultados de esta auditoría, el alcalde Camilo Benavente aseguró que “tenemos la tranquilidad de que hemos actuado dentro del marco de la ley”.
La Contraloría regional identificó que, luego de asumir su cargo en junio de 2021, el alcalde Benavente no se abstuvo de los nombramientos y contrataciones de 14 personas con las que tuvo una relación comercial, que aportaron económicamente a su campaña, o que le prestaron servicios para la misma.
A ellos, se suma la contratación de un primo hermano del alcalde de la cual tampoco se abstuvo. Por ello, el órgano fiscalizador determinó que había “una pugna con el principio de probidad”.
El alcalde Benavente asegura que “la ley establece claramente las inhabilidades para ejercer cargos públicos y en todo momento hemos respetado el marco legal. En ningún momento hemos faltado al principio de probidad”.
De hecho, en la respuesta que el municipio hizo a esa observación en el marco de la auditoría, explicó que la atribución del alcalde de nombrar y remover a sus funcionarios es “indelegable” y que por eso “le está vedado abstenerse” de suscribir los nombramientos.
También argumentó que no hay jurisprudencia de la Contraloría General de la República que indique que una autoridad electa deba abstenerse de contratar a personas que hayan aportado en su campaña.
Por eso, solicitó “elevar la consulta a la Dirección Jurídica de este Organismo de Control, a fin de que se resuelva sobre el punto, considerando que a dichos servidores no les afecta ninguna clase de inhabilidad para el ingreso a la administración”.
Sin embargo, la Contraloría regional consideró que aún cuando no estén explícitamente previstos en la Ley de Bases generales de la administración del Estado, “la contratación por parte del alcalde de personas ligadas por un vínculo de parentesco, o que aportaron económicamente a su campaña, trabajaron en ella o que son parientes de aquellos (...) de todas formas pugna con el principio de probidad”.
A juicio de la Contraloría regional, en esos casos la autoridad no tuvo la imparcialidad necesaria, lo que “pudo traducirse en una ventaja injustificada” para las personas contratadas, “en desmedro de otras que tengan la legítima expectativa de desempeñarse en la municipalidad”.
El alcalde Benavente asegura a Mega Investiga que “esto es un proceso en curso y esperamos se clarifique en las siguientes instancias”.
La Contraloría de Ñuble constató en la auditoría que hubo funcionarios municipales que mientras debían desempeñar labores en Chillán, trabajaron al mismo tiempo en otras entidades públicas, e incluso privadas.
Es el caso de un kinesiólogo contratado por el municipio que tenía “una superposición de funciones con las labores contratadas”, según estableció el órgano fiscalizador.
La municipalidad lo contrató para trabajar a jornada completa miércoles, jueves y viernes en la Escuela Básica Reyes de España. El problema es que el kinesiólogo también fue contratado en el Colegio Coyam de Chillán, donde debía trabajar de forma presencial los mismos días que en la otra escuela, entre las 13:30 y 18:30 horas.
La Contraloría de Ñuble también constató que el hermano de Richard Guzmán Fernández, administrador del municipio de Chillán, gestionó actividades municipales en las que participó el alcalde Benavente y lo acompañó en algunas de ellas.
El órgano fiscalizador comprobó que intervino en al menos cuatro reuniones del alcalde con bancos y con distintas organizaciones de la comunidad chillaneja. En la auditoría, el alcalde Benavente respondió que este era su asesor y que él mismo pagaba con su propio dinero por sus servicios.
Al analizar ese argumento, la contraloría regional determinó que esto no corresponde, ya que el trabajo que realiza se desarrolla en la jornada laboral del alcalde e “implica el uso de recursos del municipio”, por lo que no se puede separar la función pública de Benavente de su persona natural. Así, ese vínculo con el asesor “debiese formalizarse” con el municipio.
Sin embargo, eso no es posible porque al ser hermano del administrador municipal “está impedido de prestar servicios” allí.
En el informe de fiscalización también se identificó que el administrador municipal no se abstuvo del nombramiento a contrata de su cuñada, de profesión educadora de párvulos.
En los correos revisados en la auditoría se constata que Guzmán solicitó a la directora de Administración y Finanzas del municipio, que incorporara a la parvularia como apoyo del programa “Chile Crece Contigo” en el Centro de Salud Familiar San Ramón Nonato.
En respuesta a esa observación, en el informe consta que el municipio dijo que fue el alcalde Benavente quien hizo los nombramientos y que por ello no existiría ningún conflicto de interés porque “no hubo intervención del administrador municipal”.
Además, aseguró que “el término utilizado de “solicitar”, se refiere a una palabra que expresa la ejecución de una tarea, pero no implica el ejercicio de un poder de decisión”.
En su revisión, la Contraloría regional identificó a 11 personas que fueron contratadas a honorarios sin que el municipio de Chillán especificara claramente su labor a desarrollar.
El municipio lleva el registro de honorarios en un archivo de Excel, donde la Contraloría de Ñuble observó una “falta de integridad de la información” al “no incluir la cuenta presupuestaria asociada, campos de registro vacíos, RUN erróneos y nombre de prestadores de servicios que no corresponden, entre otros”.
La Contraloría de Ñuble pidió información de todos los programas comunitarios desarrollados en la municipalidad de Chillán entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de octubre de 2022.
Sin embargo, no pudo recibirla, porque no hay un registro exacto de la cantidad de beneficiarios ni de los recursos utilizados por el municipio, según se afirma en la auditoría.
Además, el ente fiscalizador verificó que los programas comunitarios no fueron sometidos a la aprobación del concejo municipal. En la misma línea, estableció que no se presentaron en el concejo los informes trimestrales que debe hacer la Dirección de Control de Chillán, por lo que ahora tendrá que acreditar si existen o no reportes del estado de avance del ejercicio programático presupuestario correspondiente al cuarto trimestre del año 2022 y exponerlo al concejo municipal.
