Tres nominaciones, acusaciones de "guerra sucia" y de "maltrato", giros imprevistos del Ejecutivo y duros cuestionamientos a los pasados laborales de los candidatos fueron parte de la trama de la nominación del fiscal nacional que terminó con la ratificación del abogado Ángel Valencia hace un par se semanas. Con esos antecedentes, el Senado se prepara este año para elegir al nuevo Contralor General de la República, en reemplazo de Jorge Bermúdez, que asumió en diciembre de 2015.

Los mismos senadores manifestaron en las últimas semanas cierta "preocupación" por cómo se dio la negociación sobre el fiscal nacional ante la posibilidad de que aquello vuelva a suceder.

Pero en realidad algo así ya pasó con la nominación del actual contralor Bermúdez, que llegó al cargo por unanimidad de los parlamentarios pero con el antecedente del fallido nombramiento de Enrique Rajevic en octubre 2015.

Rajevic, propuesto por la ex Presidenta Michelle Bachelet, logró 21 votos cuando necesitaba 22, entre fuertes cuestionamientos a sus vínculos con la DC, la aparición de una demanda del Consejo de Defensa del Estado en su contra y aprensiones sobre su "independencia" al haber prestado servicios en distintas reparticiones públicas. Solo después de ocho meses de vacancia del cargo, los 33 senadores aprobaron el nombre de Bermúdez argumentando que su trayectoria era "intachable".

Por esa demora y esas complicaciones, los parlamentarios advierten desde ya que el Ejecutivo debería tomar mayores recaudos en esta nominación, para no repetir un "verdadero bochorno", como dijo el senador Juan Luis Castro.

Sin embargo, esta elección no es idéntica a la del fiscal. Para nombrar al contralor no se exige una quina del Poder Judicial, sino que solamente el Mandatario debe escoger un nombre, presentarlo al Senado y este ratificarlo por 3/5, es decir, 30 senadores.

"Esa nominación no puede tener el mismo recorrido que tuvo la del fiscal nacional, en el sentido de que haya una falta más prolija de selección en el primer filtro y que no se politice cuando llegue al Senado, que es un riesgo permanente pero que debe estar medianamente enfrentado a partir de una disposición distinta del Presidente y del propio Senado", dice el senador PS Juan Luis Castro.

Esto porque, según explica, "no es un capricho ni puede ser de izquierda ni derecha por definición. El contralor va a auditar al Estado y con mayor razón tiene que haber libertad para elegir al mejor independiente del signo político que tenga".

Para evitar aquello, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) apunta a que debe haber mucho más diálogo. "Es necesario que exista diálogo y que más o menos se pueda conjugar aquello que le parece razonable al Senado o senadores de todos los espectros políticos y a la Presidencia de la República. Hay mucha gestión política que hacer.

Aquello que derive de ese diálogo ojalá que no vaya hacia lo que sucedió con los fiscales nacionales, que no creo que nadie pueda sentirse muy orgulloso de cómo se llevó ese proceso", crítica Cruz-Coke. Las críticas además apuntan a una sensación que quedó en varios senadores, principalmente de la oposición, de que no hubo un criterio claro para la sucesivas nominaciones de los candidatos a fiscal nacional y que más bien existió un "desorden" interno en el mismo Ejecutivo para proponer y buscar los votos. Y eso, según advierten los parlamentarios, podría repetirse en la búsqueda del acuerdo por el contralor.

Pero también hay una cuota de crítica a la misma Cámara Alta, recordando los cuestionamientos de algunos parlamentarios al "maltrato" que recibió Marta Herrera; a la idea de que ciertos parlamentarios querían un "amigo" en el cargo; y a los comentarios de la ministra Carolina Tohá, quién argumentaba hace unas semanas que "una parte" del Senado creía que era al revés: que ellos proponían y el Ejecutivo ratificaba.

"Nunca he responsabilizado de manera exclusiva al gobierno en la nominación del fiscal nacional, creo que los tres poderes tenemos que asumir una cuota de responsabilidad en todo el proceso, en los filtros que se establecieron, en la selección que hace el Presidente y en la deliberación que fue un proceso muy complejo, hay que aprender las lecciones", agrega el senador Jaime Quintana (PPD).

"Lo primordial en esto es pensar dónde va a servir ese funcionario. El contralor tiene que estar orientado hacia la legalidad de los actos de la administración pública. Acá no es necesario que tenga vínculos con un senador o un ministro de la Corte Suprema o el Gobierno", suma.

El perfil del actual y del nuevo contralor

La gestión de Bermúdez no pasó desapercibida en los siete años que lleva en el cargo, y uno de los elementos insignes de su administración ha sido la implementación de Contralorito, el personaje adoptado institucionalmente para relatar las distintas acciones que lleva a cabo el ente fiscalizador y que ha despertado más de una crítica.

Las publicaciones de Contraloría en redes sociales fueron una de las razones que le valieron a Bermúdez una de las polémicas más grandes de su mandato: la desvinculación y luego reincorporación de la subcontralora, Dorothy Pérez, tras la orden de la Corte Suprema en 2018, quien argumentó que las diferencias entre ambos surgieron a partir de las aprensiones de ella con respecto al tono de Contraloría en redes.

Sin embargo, la renuncia que solicitó Bermúdez también se relacionaba con el papel de Pérez en el rol de Contraloría en el fraude de Carabineros. Durante su administración, Contraloría ha tratado casos que afectan a todos los sectores: desde la nominación de Pablo Piñera como embajador en Argentina hasta el Caso Luminarias, relacionado al alcalde del PC Daniel Jadue.

Y en esa línea ha recibido críticas de todos los sectores. "Hace un año y medio me decían que era de derecha porque fiscalizaba al Gobierno y hoy me dicen que soy del Frente Amplio", decía él mismo en 2019 ante unas denuncias de ex funcionarios desvinculados tras alegar que había disparidad en las auditorías.

En ese sentido, en el oficialismo en general hacen comentarios positivos sobre la gestión de Bermúdez, como lo señala el senador Juan Ignacio Latorre (RD), que dice que "deja la vara alta".

"Hay que profundizar esa línea de supervigilancia estricta y rigurosa de los recursos públicos y de la probidad y transparencia de la administración pública, que sea imparcial respecto a colores políticos tanto en la actuación del gobierno central como de los municipios", plantea Latorre. "Cada quien tiene su forma y fija sus prioridades. A Bermúdez le tocó un periodo muy complejo y quien venga evidentemente debe haber cambios, reformas, actualizar y modernizar una institución tan relevante para la democracia y la institucionalidad del país", manifiesta la senadora Paulina Núñez (RN).