El exministro de Justicia, Isidro Solís, se refirió a los indultos recibidos por Luis Castillo y por el ex frentista Jorge Mateluna.

El exsecretario de Estado de Michelle Bachelet explicó que este tipo de decretos son parte del "mecanismo del funcionamiento del sistema penal" y que se pueden "invalidar o se pueden revocar".

Además, indicó que ante la existencia de "insuficiencias legales", se puede invocar la ilegalidad, por lo que se podría solicitar su invalidación; mientras que la única fórmula para hacer la revocación es mediante la orden de la autoridad que dictó el decreto.

El abogado penalista sostuvo sobre el decreto en favor de Mateluna que es una situación excepcional, ya que se dio término a la condena dictada y se aplicó apelando a una disposición extraordinaria de la legislación.

La Ley 18.050, que fija los requisitos para estos decretos, sostiene que personas reincidentes no pueden recibir es beneficio, no obstante, "esa misma ley da la posibilidad de indultar, incluso en esos casos, pero con un requisito: que el decreto debe ser fundado y ahí la discusión es cuál es el fundamento".

En esa línea, afirmó que se pide una fundamentación "por qué se pasan a llevar todos los límites y se dicta de todas maneras". "Esta exigencia de la ley no está. El indulto no fue fundado y por lo tanto ha faltado a los requisitos de la Ley 18.050.

Desde mi punto de vista, ese decreto, como tiene un defecto legal, puede ser invalidado por el Presidente, por la Contraloría, por el Tribunal Constitucional", agregó.

Sobre el indulto de Luis Castillo, quien cuenta con un amplio prontuario delictual, el ex secretario de Estado afirmó que "lo que corresponde es que la propia autoridad lo revoque, sobre todo si la vocera de Gobierno está diciendo que no se tuvieron todos los antecedentes y que, por lo tanto, la resolución se toma con un error evidente".

"Si el Gobierno mismo tiene la convicción de que el indulto no corresponde, lo que tiene que hacer es revocarlo, más allá de la discusión de la judicialización (...) Cuando uno, como autoridad pública, llega a la convicción de que se ha cometido un error evidente, lo peor es persistir en el error", dijo el abogado.

También sostuvo que "el Presidente es moralmente responsable de todo lo que hagan los indultados a partir de ahora". "Por lo tanto, el Presidente ha puesto su destino en las manos del señor Castillo.

Si en seis meses más mata a una persona, la sangre va a correr por las manos del Presidente de la República. Yo creo que ese es un riesgo que el Gobierno no debería correr", finalizó.