El Gobierno reconoció que estudia la viabilidad técnica y política para la creación de una cárcel especial para integrantes de pueblos indígenas, una iniciativa que respetaría tratados internacionales firmados por Chile, pero que encuentra resistencia en algunos sectores. 

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, informó que "se está evaluando si se necesitan condiciones específicas para poder tener un recinto que cumpla con las necesidades privadas de libertad y que sea adecuada la comunidad y el entorno de los recintos penitenciarios".

Al ser consultada sobre el mismo tema, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, declaró que "hay varios parlamentarios que han levantado esta propuesta de manera transversal, no solo un sector político".

"Por lo tanto, lo que ha señalado el subsecretario de Justicia y el ministerio es que se toma esta propuesta y que se va a evaluar".

Y precisó que "considerando que ha sido una propuesta que se ha levantado de manera transversal, por cierto hay que estudiarla y así lo ha señalado el Ministerio de Justicia".

Resistencia en algunos sectores

La reacción de los parlamentarios de La Araucanía no tardó en llegar. Algunos no están de acuerdo con la creación de un recinto penitenciario especial, pero quienes sí muestran su aprobación, piden que esa medida tenga ciertas características.

En concreto, piden excluir a miembros de pueblos indígenas implicados en delitos graves o que el penal sea de máxima seguridad.

El diputado (RN) Miguel Mellado indicó que los detenidos "deben estar fuera del radio urbano, ojalá en una cárcel de alta seguridad en un lugar rural".

En tanto, el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, señaló que "las personas que están condenadas por delitos graves no puede tener beneficios carcelarios ni el de una cárcel especial de estas características".

"Separar a los reos por religión, por etnias, por culturas, me parece una muy mala decisión", expresó el parlamentario independiente Mauricio Ojeda.

Por su parte, la legisladora (RD) Ericka Ñanco aseguró que se hace indispensable "realizar procesos de consulta con las comunidades y con los familiares de quienes hoy están privados de libertad".