Diversos gremios le han solicitado al Gobierno postergar la entrada en vigencia de la norma que gravará con IVA a una serie de servicios que hasta ahora no se encontraban afectos a este impuesto.

Pese a la negativa por parte del Ejecutivo, quienes abogan por aplazar la medida tributaria no han perdido la esperanza. Esta controversia se ha transformado en una verdadera carrera contra el tiempo, ya que la ley establece que la carga fiscal del 19% comenzará a regir el 1 de enero del 2023.

Mientras que la fuerza empresarial argumenta que no están las condiciones económicas en el país para la implementación y que incluso, una medida de esta magnitud atentaría contra la recuperación financiera de diversos sectores que se encuentran batallando desde el Estallido Social y posteriormente la pandemia; el ministro de Hacienda, Mario Marcel, criticó el actuar de algunos contribuyente afectados.

"Me sorprende que cuando quedan 15 días para terminar el año haya algunos gremios que recién estén planteando este tema", dijo. Esto porque la ley en Ley 21.420 fue publicada en febrero del 2022 durante la administración de Sebastián Piñera. Se discutió en el Congreso el año pasado en el marco de la Pensión Garantizada Universal (PGU), como una forma de recibir mayores ingresos.

Sobre esto, el titular de Hacienda, dijo que esta situación demuestra que "no es buena idea legislar en los últimos meses de un Gobierno sobre temas importantes, no es bueno hacerlo de manera apresurada".

Asimismo, el jefe de la billetera fiscal, explicó que el Servicio de Impuestos Internos (SII) "tiene previsto una modalidad de implementación que va a permitir que al menos durante todo el primer semestre, quienes no estén suficientemente preparados, tengan la oportunidad para hacerlo". La legislación establece una serie de servicios y requisitos que permitirán a las empresas no pagar IVA.

Entre ellos se encuentran los servicios de transporte, salud y educación. Además de las Sociedades de Profesionales que deberán estar solo conformadas por personas naturales, desarrollar exclusivamente actividades o servicios profesionales y todos los socios deben ejercer la misma profesión.

Por esa razón, el director del SII, Hernán Frigolett, sostuvo que, dada la complejidad de la situación, "se previó que en el primer semestre tengamos una condición de plena continuidad de giro para los que están y que hagan sus transformaciones y trámites sin ninguna cortapisa temporal".

"Todos los aplicativos ya están para estar disponibles desde el 1 de enero, pero todos los contribuyentes van a tener el plazo de todo el primer semestre para hacer los ajustes societarios necesarios para validar que van a ser como sociedades profesionales, y van a mantener la exención por los servicios profesionales que prestan", agregó la autoridad. Por esto último - y otros elementos de la normativa - han alertado a expertos en la materia.

Lo que se repite entre los profesionales es que la legislación rompe la neutralidad tributaria, ya que, algunos servicios quedaran gravados con IVA mientras otros no. La presidenta de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados Soledad Recaberren, sostuvo que le parece que "es ilegal" la propuesta del SII que otorga un plazo de seis meses a los contribuyentes par que transformen sus sociedades de profesionales y así quedar exentas de gravamen. "Está diciendo que en los primeros seis meses, en la medida que después corrija su situación, el contribuyente puede no cumplir con la ley y empezara a facturar sin IVA", argumentó.

En esa línea, la abogada dijo que no le parece correcto la manera en que se reguló toda la normativa, estableciendo que, de acuerdo a la forma legal en que se estructuran las sociedades de profesionales, quedarán o no afectas al IVA. Asimiso, Carlos Muñoz, socio principal de Grant Thornton Chile, dijo que "se corre el riesgo de que sociedades que prestan un mismo servicio, pero tienen una estructura legal distinta, en un caso queden gravadas con IVA y en otros no, lo que podría generar una eventual diferencia de igualdad ante la ley".

"Es una ley que tiene una estructura a toda vista ilógica, con elementos que se deberían modificar desde su estructura buscando lograr un texto armónico, que respete el principio de igualdad ante la ley", argumentó.

Sobre postergar la aplicación de la norma, Muñoz sostuvo que se debería aplazar si es que el fin es corregir los problemas de fondo. "No solo para extender el plazo de su entrada en vigencia", dijo. Por su parte, Paula Madariaga, directora del departamento tributario de Aninat Abogados en primer lugar sostuvo que "me parece que el concepto de gravante de los servicios es cuestionable".

Luego, sobre las deficiencias que presenta la normativa dijo que "hay una falta de definición legal de qué se entiende por Sociedades Profesionales y eso lo ha interpretado el Servicio de Impuestos Internos de manera muy restrictiva".

"Esto genera inequidad en los contribuyentes, porque dos sociedades que están eventualmente en la misma situación pueden tener situación tributaria distinta y no se justifica la diferencia", agregó.

En este escenario indicó que "lo más prudente" sería postergar la entrada en vigencia de la norma y además, se debería "complementar", para dar respuesta a los vacíos que deja la ley.