Nacional
Crónica
Política
22/12/2022
El nuevo proceso constituyente propuesto por el Congreso, que ye fue presentado, establece que la redacción de la nueva carta magna estará a cargo del Consejo Constitucional bajo la supervisión de la Comisión de Expertos y el Comité Técnico de Admisibilidad.
El proceso comenzará en enero de 2023 y el próximo 14 de mayo se realizará la elección, bajo sufragio universal y obligatorio, de los miembros del Consejo Constitucional.
Este órgano estará compuesto por 50 personas, que serán elegidas en el plebiscito con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos que podrán incluir a los independientes.
Este consejo será integrado bajo el principio de paridad de entrada y salida. Además, contará con escaños indígenas supranumerarios, asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección.
La reforma establece que las normas constitucionales propuestas se aprobarán por las 3/5 partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final a una aprobación del Consejo por el mismo quórum.
Los integrantes del Consejo Constitucional recibirán una dieta mensual de 60 Unidades Tributarias Mensuales (3.669.420 pesos al valor de diciembre de 2022), además de las asignaciones que se establezcan exclusivamente para ser destinadas a la asesoría legislativa. Estas asignaciones serán administradas por un comité externo que determine el reglamento.
La primera sesión de instalación de la Consejo Constitucional, que se desarrollará en la sede del Congreso Nacional en Santiago, será el lunes 19 de junio de 2023.
Esta comisión estará conformada por 24 personas de "indiscutible trayectora profesiona, técnica y/o académica", explica la reforma presentada este miércoles. El proyecto establece que el órgano deberá ser de composición paritaria.
Doce expertos serán elegidos por la Cámara de Diputados y Diputados, mientras que los otros 12 serán escogidos por el Senado en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas. Además, deberán ser aprobados por los 4/7 de los miembros en ejercicio de ambas Cámaras.
Los candidatos a comisionados deberán contar con un título universitario o grado académico de -a lo menos- ocho semestres de duración, y deberán acreditar una experiencia profesional, técnica y/o académica no inferior a 10 años, sea en el sector público o privado, circunstancias que serán calificadas por la Cámara de Diputados y el Senado, en su caso. No podrán ser parte de la Comisión personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular.
Este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que "servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional", detalla la reforma que agrega que las decisiones de la Comisión se tomarán por un quórum de 3/5 de sus miembros.
La Comisión iniciará sus funciones en enero del 2023 y se incorporará al Consejo Constitucional, pudiendo sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias.
Luego de que los consejeros realicen la propuesta de nueva Constitución y previo al trabajo de armonización, el Comité de Expertos entregará un informe al Consejo Constitucional donde "podrá formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas del texto".
Estas mejoras, agrega el proyecto, deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y deberán ser aprobada con el quórum de 3/5 de sus miembros en ejercicio. Por el contrario, las propuestas de normas se entenderán rechazadas cada una por las 2/3 partes de los miembros en ejercicio.
Todas aquellas propuestas que no se encuentran en alguna de las circunstancias anteriores, se resolverán mediante una Comisión Mixta, compuesta por 12 personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que conocerán de la controversia y que se resolverá con el voto de las 3/5 partes de dicha instancia. En caso de no lograr dicho quórum, la Comisión Experta, dentro del plazo de cinco días, por 3/5 partes de sus miembros, presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que se conforme a las reglas generales.
Los integrantes de la comisión experta recibirán una dieta mensual de 30 Unidades Tributarias Mensuales (1.834.710 pesos al valor de diciembre de 2022).
Este órgano estará compuesto por 14 juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputados y Diputadas. Ambas votaciones deberán contar con el apoyo de 4/7 de los miembros en ejercicio.
Para ser miembro de este comité se requerirá tener el título de abogado, con al menos 12 años de experiencia en el sector público o privado, y acreditar una destacada trayectoria judicial, profesional y/o académica.
Este órgano tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la Comisión de Expertos y en el Consejo Constitucional, para determinar una eventual inadmisibilidad de éstas cuando sean contrarias a las bases institucionales.
Los abogados podrá pronunciarse ante el requerimiento de una quinta parte del Consejo Constitucional; o de dos quintas partes de la Comisión Experta, así, el Comité resolverá conociendo los antecedentes de derecho, aplicando las bases constitucionales, conforme a las normas e interpretación constitucional.
En caso de acogerse la inadmisibilidad, la norma impugnada no podrá incorporarse en el texto constitucional. En caso de que la vulneración consista en la omisión de alguna de las bases institucionales, y previo requerimiento, el Comité de Admisibilidad le instruirá a la Comisión Experta la redacción de una propuesta, la que será deliberada por el Consejo Constitucional conforme a las reglas generales.
Los integrantes del Comité técnico de admisibilidad percibirán una retribución equivalente a 10 Unidades Tributarias Mensuales (611.570 pesos al valor de diciembre de 2022) por sesión celebrada, con un tope de 30 unidades tributarias mensuales durante el mes.
