La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados apoyó este miércoles, nuevamente, la solicitud del Gobierno para extender por otros 15 días la aplicación de un estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la Macrozona Sur.

Como en las ocasiones anteriores, la medida regirá para la totalidad de la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, en la Región del Biobío.

La propuesta, enviada ahora al Senado, se respaldó por 77 votos a favor, 36 en contra y 25 abstenciones.

Legisladores de la zona de aplicación de la medida pidieron a sus colegas apoyar la extensión. Varios instaron también al Gobierno a ser más drásticos en las acciones, dada la persistencia de hechos de violencia.

Asimismo, se llamó a dar una especial protección al mundo rural, atendiendo el inicio del periodo de cosecha. Igualmente, a los emprendimientos turísticos, que han sido objeto de atentados en el último tiempo, así como los parques nacionales.

Del mismo modo, se solicitó atender la situación del Norte Grande, que presenta incrementos cada vez mayores de violencia y delincuencia. Se estimó que son por los pasos fronterizos de esta zona por donde ingresan delincuentes que, luego, se van instalando en diversas regiones del país. Así, se espera un mayor control de la migración ilegal y medidas más enérgicas para combatir a las bandas criminales.

Desde el Partido Comunista (PC), en tanto, se sostuvo que el control de la delincuencia no puede implicar sobrepasar los derechos humanos de las personas. Inquirió, además, que el Estado se haga cargo de eliminar las brechas de desigualdad en el país y de enfrentar la injusticia social.

Senado

La sesión del Senado estuvo marcada, otra vez, por varios comentarios de senadores con críticas sobre que el estado de excepción no ha impedido los hechos de violencia; y solicitudes de extenderlo a Los Ríos e incluso a la macrozona norte, hoy aquejada por un grave problema de seguridad e inmigración ilegal.

En esa línea también hubo "votos protesta", como ocurrió en la Cámara, de senadores que están pidiendo otras medidas y como forma de presión se manifestaron en contra del decreto del Ejecutivo, como la senadora Luz Ebensperger (UDI).

Quienes votaron en contra fueron Karim Bianchi (Ind), Fabiola Campillai (Ind), Juan Castro (Ind. RN), Luz Ebensperger, Iván Flores (DC), María José Gatica (RN), Paulina Núñez (RN) y Yasna Provoste (DC).

En tanto, las abstenciones fueron de Esteban Velásquez (FRVS), José Miguel Durana (UDI) y Rojo Edwards (P. Republicano).

EJECUTIVO

Asistieron en representación del Gobierno las ministras del Interior, Defensa y Segpres, Carolina Tohá, Maya Fernández y Ana Lya Uriarte, respectivamente.

Tohá defendió que las cifras entregadas por el Gobierno provienen de las estadísticas policiales. Ellas, acotó, dan cuenta de una reducción de un 42% de las acciones violentas con la aplicación del EECE. Sin embargo, reconoció que los hechos de violencia continúan y, en ello, justificó la mantención de la medida.

De hecho, confidenció que se espera mantener la medida, al menos, por todo el verano. "No lo vamos a retirar, cuando pensamos que podemos tener un retroceso", planteó.

Insistió en que hay un plan vigente en acción, donde el EECE es solo una arista. Otras líneas avanzan en refuerzos para los organismos de seguridad; adquisición de tecnología; agilización y protección de inversiones públicas; y diálogo político.

Respecto de seguridad pública, observó que el plan contra el crimen organizado, recién presentado a la opinión pública, es producto de un trabajo mancomunado de 17 organismos que viene desde mayo. Incluye diez líneas, muchas de ellas solicitadas por el Congreso Nacional. Entre ellas están: gobernanza en materia de crimen organizado; acciones para desbaratar económicamente las bandas; enfrentar el poder de fuego de estos delincuentes; más y mejor tecnología; y asuntos relativos a probidad.

Remarcó que la mesa sobre seguridad va en un carril paralelo, abordando otras materias como, por ejemplo, las de índole legislativo. Así, adelantó que se espera ingresar una indicación, que tendría apoyo transversal, para desentrabar la Ley de usurpaciones. También en lo referente a enmendar la Ley antiterrorista. Junto a ello, ver por una vía administrativa cómo se generan exenciones al pago de contribuciones para víctimas de la violencia en el sur.