En el marco del debate por la reforma de pensiones del Gobierno,la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara se abocó a analizar los efectos que tendría la división de la industria y centralización de funciones en el nuevo sistema.}

El encargado de exponer sobre la materia fue el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, quien comentó que "no hay argumentos conceptuales que justifiquen tener integrado dentro de una misma institución las actividades de soporte y las actividades de inversión".

"Esta figura de las AFPs como una institución que integra dos funciones de naturaleza tan distinta, la verdad que no tiene mucha justificación técnica, porque no hay economías de alcance ni economías de escala asociadas a ellas", añadió.

En esa línea, Larraín destacó que existen algunos países que han separado -o propuesto separar- funciones de soporte con la intención de lograr una reducción de costos de administración de cuentas y de las comisiones cobradas a los afiliados, tales como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Nueva Zelanda y México. Junto con ello, indicó que la medida busca disminuir las barreras a la entrada para nuevos agentes privados, que no deberán asumir los costosos gastos de soporte para competir.

"Esta es una industria que hoy día no es desafiable, salvo en el ámbito de los nuevos afiliados", zanjó la autoridad. Con esto, la propuesta del Gobierno apunta a que las funciones de soporte sean asumidas por el Administrador Previsional Autónomo (APA), construido sobre la base de un Instituto de Previsión Social (IPS) fortalecido, que asumirá todas las funciones de soporte, y no manejará recursos financieros, ya que estos irían directo desde los empleadores a los Inversores de Pensiones Privados (IPP) o al Inversor Público Autónomo (IPA).

Ahora, bien al ilustrar en cifras, el subsecretario explicó que "el ahorro de costo para los inversores que resultaría de la separación son US$440 millones. ¿Por qué? porque eso suma lo que es soporte, US$300, más el gasto de venta, que son US$440 millones. Eso es lo que tendría que dejar de pagar cualquier inversor que quisiera entrar a operar en este mercado".

¿Cuál es el impacto que lo anterior podría tener en comisiones? Según Larraín, "de los US$1.038 millones que cobraron las AFPs en comisiones directas en 2021, el ahorro potencial en comisiones directas son US$880 millones.

¿De dónde salen? Lo primero, es que hay un efecto de costo fiscal, porque el Fisco se hace cargo de los costos de las actividades de soporte, y esos son US$300 millones de cargo fiscal".

"Lo segundo, el ahorro en venta, de los US$160 millones que contempla la función de ventas, US$140 se ahorraría, y se dejarían US$120 millones solo para la función de publicidad", acotó.

Asimismo, resaltó que "dado que las AFPs marginan un 100% sobre sus costos, en la medida que hay US$440 millones que desaparecen, que se hacen cargo de, ya sea por el tema del término de la función de ventas o por el costo que asume el APA, se ahorran de margen el 100% sobre US$440 millones, o sea US$440 millones".

De esta forma, afirmó que "los nuevos costos del sistema en este modelo pasarían de US$500 a US$70 millones porque el soporte lo está asumiendo el APA, y la función de ventas solo quedaría reducida al tema de publicidad".

Lo anterior se traduce en una caída de 86%. Con todo, Larraín cerró diciendo que "en cualquier caso, las ganancias de eficiencia adicionales no tienen que ver con los impactos en comisiones para los afiliados, sino con los costos fiscales del APA".