La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en su primer trámite un proyecto para "ampliar hipótesis de expulsión como pena sustitutiva", lo que permite que los condenados extranjeros por cierto tipo de delitos vinculados a la Ley 20.000 (vinculada a tráfico de estupefacientes) y en ciertas condiciones puedan pedir la expulsión como pena sustitutiva en la figura de la denominada "pena mixta".

Con esto, tras cumplir una parte de la condena privados de libertad, estas personas podrían acceder a que los expulsen del país, lo que también está pensado por parte del Ejecutivo como una forma de descomprimir los recintos penitenciarios.

La iniciativa es del Presidente Gabriel Boric, tiene suma urgencia, y logró 82 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones. Fue respaldada por distintos sectores, a excepción de la UDI, el PDG, el Partido Republicano y Evópoli.

"Hoy día existe la posibilidad de expulsión de personas extranjeras que hayan cometido todos los otros delitos. La Ley de Migraciones aprobada el año pasado solo introdujo una excepción respecto de delitos involucrados en la Ley 20.000. Lo que estamos haciendo acá es revertir una excepción que afecta los delitos involucrados en la Ley 20.000.

Por lo tanto, se mantiene vigente la regulación respecto de la posibilidad de expulsar judicialmente a quienes cometieron delitos en el marco de otras sanciones", explicó la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Una de las críticas de esta iniciativa fue la diputada Flor Weisse (UDI), que aseguró que la iniciativa era como un "beneficio" para quienes cometieran este tipo de delitos.

"Este proyecto en su visión general yerra en la forma de hacer frente a un peligro mucho mayor, que es el hacinamiento carcelario. Si bien es una situación que hay que abordar, el narcotráfico y el crimen organizado son delitos muchos más graves, las penas deben ser efectivas. Ningún delincuente del narcotráfico debe estar fuera de la cárcel".

Quien contestó a estas aprensiones fue el diputado Raúl Leiva (PS), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que comentó que el mensaje busca "hacerse cargo de una realidad. Las cárceles del norte del país no mantienen detenidos o privados en libertad a aquellos grandes narcotraficantes, sino muchas veces a mujeres bolivianas que hacen de burreras para traer droga al país.

Lo que pretende solucionar esta normativa es que aquellas personas que han cumplido 1/3 de su condena, han tenido buena conducta y han sido condenados por ciertos delitos del microtráfico, puedan acceder a ser expulsados".

Según remarcó Leiva, hoy estas personas pueden acceder igual a la pena mixta, pero en vez de acceder a la expulsión pueden lograr la libertad vigilada, lo que les permite quedarse en el país. Asimismo, se renovó una indicación del diputado republicano Cristián Araya, que establece que "el extranjero que hubiere obtenido el beneficio de expulsión y hubiera hecho reingreso al país, antes del transcurso del plazo de diez años, dispuesto en el artículo 33 bis de esta ley, cometerá el delito de desobediencia a la autoridad en grado de calificado y será condenado a la pena de presidio mayor en su grado máximo".

Esto logró 96 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones, y no contó con el apoyo de varios parlamentarios del PS, Apruebo Dignidad y algunos independientes. Su próximo paso será el debate en el Senado, donde la ministra Ríos anticipó que buscarán una fórmula más "equilibrada" dado que no comparten el fondo de la indicación de Araya.