La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, presentó el Informe Anual 2022 sobre derechos humanos de la niñez y adolescencia en Chile, en su última cuenta pública a la cabeza de la institución, considerando que su gestión debe concluir en mayo de 2023.

El informe, que dio seguimiento a temas tratados en años anteriores, como la situación de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, puso especial foco en esta edición en los diversos nudos críticos que se están presentando en la instalación de la nueva institucionalidad de la infancia.

“Desde el 2018, año en que se creó la Defensoría de la Niñez, hemos desarrollado un proceso de instalación que no ha estado exento de dificultades, partiendo por la falta de recursos para estar en cada una de las regiones del país. Ha sido un trabajo arduo, que ha logrado insertar un rol nuevo en el sistema de protección y que deberá seguir consolidándose con la nueva institucionalidad y el Sistema de Garantías”, explicó Muñoz, en la presentación que tuvo lugar en la sede institucional en Providencia.

De acuerdo a datos dados a conocer en el informe, en el periodo entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, la Defensoría de la Niñez recibió 3.376 requerimientos o solicitudes de intervención en el nivel central y 1.534 en sus sedes regionales, a raíz de casos de vulneraciones de derecho, 4.910 en total.

El organismo en ese periodo realizó 46 denuncias penales, 119 denuncias administrativas y presentó 83 medidas de protección ante Tribunales de Familia por vulneraciones a los derechos de los niños, niñas o adolescentes (NNA).

Además, interpuso 52 querellas por delitos de alta connotación pública y 11 amicus curiae para entregar una opinión especializada en las causas judiciales (amicus curiae o “amigo del tribunal”, es un instrumento del Derecho Procesal que permite a terceros ajenos a un determinado conflicto jurídico, ofrecer opiniones para su resolución).

También se destaca en la gestión el envío de 250 recomendaciones al Estado.

“En términos de lo que nos parece más complejo, no acogido o no implementado, tiene que ver con la política integral en materia de migración, porque nosotros venimos hace por lo menos dos años insistiendo en lo grave que resulta esta crisis humanitaria y la necesidad de abordarlo de una manera distinta y también lo que tiene que ver con los espacios de vulneraciones bajo cuidado del Estado”, explicó Muñoz, consultada al respecto.

“Escaso avance” en verdad, justicia y reparación

En julio de 2016, tres meses después de la muerte de la niña L.V., de 11 años, en un centro administrado por el Servicio Nacional de Menores (Sename), el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, instruyó al exfiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, investigar las presuntas responsabilidades penales en la muerte de niños, niñas y adolescentes, residentes de establecimientos administrados por la institución y sus organismos colaboradores.

Según datos del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, del total de fallecimientos de menores de edad bajo el cuidado del Estado, de 200 causas investigadas por la Fiscalía de Los Lagos, 185 estaban terminadas, y solo el 2% tenía alguna condena.

En la página 176 del informe, en su tercera parte, hay un apartado que advierte un “escaso avance en materia de verdad, justicia y reparación para la niñez y adolescencia bajo cuidado del Estado”.

La Defensoría de la Niñez recomienda “crear la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para quienes han sido víctimas, directas e indirectas, de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en el contexto de su vinculación con el sistema proteccional”.

Respecto al enfoque intercultural, el informe señala que es necesario atender que el 3,2% de los niños, niñas y adolescentes que están bajo cuidado del Estado son de nacionalidad extranjera. La mayoría son de nacionalidad boliviana y, en segundo lugar, venezolana, seguidos por haitiana, colombiana y peruana.

“Tengo muchas frustraciones y me voy a ir con la claridad de muchas cosas que no se pudieron hacer y me atribuyo directa y personalmente la responsabilidad de eso. Pero sí creo que hay algo que logramos hacer, que es instalar los derechos de la niñez y la adolescencia como algo en el debate público de manera permanente y entender que no da lo mismo la forma en que se trata a la niñez y a la adolescencia. Más allá de que hubiese querido que los cambios fueran mucho más profundos”, señaló Muñoz a modo de evaluación de su gestión.

Informe debe ser público

La Defensoría de la Niñez, creado como una corporación autónoma de derecho público, tiene el mandato legal de publicar anualmente un informe cuyo contenido aborda dos grandes temáticas: la cuenta pública institucional y el estado de situación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile.

Este informe debe entregarse al Presidente de la República, al Congreso Nacional y al Presidente de la Corte Suprema. Además, debe ser público y difundirse a través de mecanismos idóneos que permitan su conocimiento por la ciudadanía y, en especial, por parte de los niños, niñas y adolescentes.