Un proyecto de ley que busca crear la obligación de reembolso de gastos o asignaciones parlamentarias obtenidas por los congresistas con infracción a la normativa legal o a las normas de probidad, fue presentado este 29 de noviembre en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, tras una serie de investigaciones periodísticas sobre el uso de los gastos operacionales de los parlamentarios.

Esta semana se publicó una investigación dando cuenta de cómo se burla la normativa que regula el gasto de combustible que los diputados y diputadas realizan para cargar sus automóviles, detectando un “descontrol” en las cargas de bencina, ya que en algunos casos son los familiares de los congresistas quienes utilizan tarjetas pagadas con dineros públicos.

La moción parlamentaria fue presentada por el diputado del Partido Republicano Leonidas Romero y establece una reforma a la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, fortaleciendo la investigación administrativa del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.

De aprobarse este proyecto, en caso de que una investigación del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias acreditara que las empresas privadas distribuidoras de combustible con las que el Congreso tiene convenio no hubiesen respetado los procesos de uso de tarjetas o cargas de combustibles establecidos en esos contratos, “se le podrá dar término anticipado a dicho convenio sin ulterior recurso y sin derecho a indemnizaciones”.

Más allá de la bencina

La iniciativa legal indica que, una vez transcurridos 30 días desde que los órganos del Congreso que auditan los gastos operacionales hayan recibido los descargos de un parlamentarios sobre desembolsos, y cuando estos no sean suficientes, el Comité de Auditoría exigirá “la devolución de los dineros mal usados por los parlamentarios”. El monto sería descontado de forma automática de la dieta del congresista involucrado.

Uno de los reportajes que ha fiscalizado el uso de estos dineros corresponde a la revisión que se hizo de los gastos en arriendo, mantención y equipamiento de oficinas de los senadores. En esta investigación, descubrió que los pagos del senador Evópoli Luciano Cruz-Coke alcanzaron en un lapso de cinco meses más de $12 millones por el arriendo de un solo inmueble y los dineros llegan de forma directa a un exsocio y amigo del senador.

La oficina que arrienda, ubicada en la comuna de Las Condes, pertenece a Mosaiko Producciones, cuyo dueño es un amigo y exsocio del senador Cruz-Coke: el representante de actores y actrices Juan Carlos Salfate. El vínculo de ambos data al menos desde 2008, cuando Cruz-Coke, Salfate y el actor Felipe Braun crearon la productora L90 Cine Digital.

Se investiga también fiscalizó los gastos en telefonía y servicios web hechos por los diputados y diputadas, que sólo en seis meses alcanzaron $193 millones.