Luego de una reunión entre el Gobierno y los distintos representantes de camioneros, las partes llegaron a un principio de acuerdo esta noche, con lo que el paro a nivel nacional podría deponerse en los próximos días.

Tras la instancia, en donde participaron el ministro Mario Marcel (Hacienda) y el subsecretario Manuel Monsalve (Interior), el presidente de la Confederación Nacional de Trasporte de Carga, Sergio Pérez señaló que "logramos un entendimiento" con las autoridades del Ejecutivo.

"Este documento, nosotros tenemos que enviarlo a las bases, a nuestras asociaciones, a nuestras federaciones para que estas sanciones y esperamos que esto ayude a los colegas que están movilizados en las rutas", indicó Pérez. Serán los distintos gremios de camioneros quienes decidirán si se deponen los cortes de ruta o si continúan movilizados.

Dentro de los acuerdos alcanzados se encuentra establecer un valor fijo del litro de combustible diésel por tres meses y "otra serie de medidas que vamos a trabajar a contar de mañana con el gobierno", indicó el presidente del CNTC. Lo anterior, será a través de un proyecto de ley que crea un mecanismo que permite la estabilización del diésel por un plazo de 90 días.

Terminado dicho periodo, el valor del combustible será ajustado en un máximo de 36 pesos por litro al alza o a la baja. "Vencido el mecanismo transitorio el mecanismo permanente considerará ajustes cada 15 días con un máximo de 12 pesos por litro", señaló Hacienda.

Además, "se actualizarán los parámetros del Índice de Costos del Transporte (ICT) para que este instrumento pueda representar de mejor forma las variaciones de los componentes que afectan la fluctuación de los costos en el sector del transporte". En cuanto a las demandas por seguridad en carreteras, La Moneda ofreció elaborar un plan de prevención y control de ruta por parte de Carabineros en la Macrozona Norte.

Asimismo, tanto en rutas concesionadas como no concesionadas, se habilitarán zonas de descanso seguras. También se estudiará una agenda legislativa que permita una persecución efectiva de aquellos delitos que afecten a la actividad productiva de los transporte de carga.