Luego de la muerte de Pablo Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fallecido por un disparo de un carabinero en medio de un atentado a una forestal en Carahue, el 9 de julio pasado, la agrupación que lidera Héctor Llaitul reivindicó una serie de ataques ocurridos en la Macrozona Sur del país e hizo un llamado a través de un comunicado público a seguir realizando más.

“Como organización reivindicamos una veintena de acciones de resistencia acontecidas durante los últimos meses. Y que fueron dirigidas, principalmente, contra los intereses del gran capital”, dice el último comunicado de CAM. Agrega que “reafirmamos que la única vía posible para la liberación nacional mapuche es (…) la confrontación directa contra las expresiones del capitalismo en el Wallmapu. De esta forma, hacemos un llamado (…) para definir acciones conjuntas de resistencia”.

Según analizan las autoridades de gobierno, al existir más atentados hay más detenidos, porque se dan más reivindicaciones de parte de las agrupaciones ligadas a la violencia rural. Y eso se ve reflejado, dicen, en las cifras del reporte de la unidad de Macrozona Sur en base a cifras de Carabineros y PDI de julio de 2021.

De hecho, de acuerdo a este registro, durante este primer semestre se ha visto un aumento de la violencia rural en la Macrozona Sur. En total se han identificado en lo que va del año 866 hechos de violencia, un 94% más que en el primer semestre del año pasado, cuando fueron 66 los eventos de este tipo. La mayoría se registra en La Araucanía (589 hechos), seguido por el Biobío, con 253 hechos, y 19 en Los Ríos.

En relación a los detenidos, ya van 304 imputados por estos eventos, lo que equivale a un 407% en comparación al primer semestre del año pasado, cuando eran 60 los arrestados. La mayoría de los aprehendidos este año son por robo de madera (165), seguido por 17 por desórdenes públicos. Por estos hechos el Ministerio del Interior ha presentado en lo que va de 2021 un total de 113 querellas.

Según el reporte del gobierno, el 42% de los detenidos de los últimos cuatro años (2018-2021) se han verificado durante el primer semestre del año 2021.

De acuerdo a fuentes policiales, esta situación de alza de delitos se da en un contexto de detenciones de integrantes de grupos y orgánicas radicales que impulsan y sostienen la violencia rural, muchos de ellos por delitos comunes. Además, estas situaciones se ven en las reivindicaciones que son dejadas en las escenas del crimen cuando cometen atentados incendiarios principalmente, demostrándose -según las mismas fuentes- que el accionar de las instituciones del Estado provoca la reacción violentista como respuesta o demostración de capacidades por parte de esos grupos. Dicen que una situación similar ocurre cuando esos comuneros mapuches detenidos están solicitando algún beneficio, permiso o se van a registrar audiencias judiciales.

Además, durante este primer semestre se han incautado en la Macrozona Sur 331 armas. La mayoría de ellas fueron requisadas entre mayo y junio pasado y 117 corresponden a réplicas, tres son fusiles, 68 son escopetas, 47 revólveres, 37 pistolas y 15 son armas modificadas.

Aparte se han incautado un total de 836 kilos de drogas y 9.403 unidades de plantas de cannabis sativa.

Acciones preventivas

Pablo Urquízar, delegado presidencial de la Macrozona Sur, dijo que “las acciones preventivas y persecutorias de seguridad en la Macrozona Sur con las policías, el Ministerio Público, Sistema de Inteligencia y demás actores estatales están mejorando, pero evidentemente se requiere seguir profundizando y reforzando aún más las acciones conforme a las distintas estrategias. Y es que debemos tener en cuenta que el delincuente común frente a la acción del Estado se inhibe, las orgánicas radicalizadas y terroristas reaccionan reivindicando a los detenidos”.

El abogado agregó que, “por otro lado, la relativización de la violencia y el terrorismo por parte de la clase política influye negativamente, así como el retraso inentendible del Congreso Nacional en al menos nueve proyectos de ley que les dan más facultades y herramientas a las policías y al Ministerio Público para actuar frente a la violencia. Todo termina favoreciendo a los violentistas y terroristas. Se necesita una acción decidida, urgente y unida del Estado en su conjunto en favor de la seguridad de las personas mapuches y no mapuches en la Macrozona Sur”.

Por su parte, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, señaló que “estas cifras reflejan una realidad que nadie quiere ver: la violencia se ha convertido en algo cotidiano para quienes vivimos en el sur. Si usted analiza estas cifras, estamos hablando, en promedio, de cinco hechos de violencia al día ejecutados por una red delictual instalada que usa la causa mapuche para su beneficio particular”.

En ese sentido, sostuvo que los atentados, quemas, amenazas, amedrentamientos, lesiones y muerte afectan a personas comunes y corrientes, trabajadores, pequeños productores “que nada tienen que ver con este conflicto. Y los datos de este informe hablan por sí solos: tienen poder de fuego, roban madera, trafican droga, es decir, estamos hablando de delincuentes, matones y terroristas. Hacemos un llamado a no confundir la legítima defensa de los derechos de los pueblos originarios con la defensa de verdaderos delincuentes que actúan de manera impune”.

Hoy, la Corporación Chilena de la Madera (Corema) condenó nuevos ataques registrados en Curanilahue, en el Biobío. Los atentados, de acuerdo a una declaración pública de la agrupación, dejaron a “10 trabajadores lesionados mientras realizaban sus labores, 24 vehículos mayores quemados y el robo de una camioneta, siendo afectadas seis empresas”.

“Este nuevo ataque confirma que existen grupos armados ilegales que cada día con mayor audacia, agresividad y poder de fuego, actúan sembrando el terror impunemente y ejerciendo gran violencia contra personas indefensas”, dice la Corema.