Una serie de alarmas levantó la Asociación Nacional Automotriz (Anac) por una nueva normativa medioambiental que comenzará a regir en enero, asegurando que, de no modificarse, traería serias trabas para las importaciones de automóviles y neumáticos nuevos.

En enero, el Servicio Nacional de Aduanas comenzará a exigirle a las empresas importadoras de neumáticos - de repuesto o de vehículos nuevos que traen neumáticos ya montados - una declaración jurada que acredite que el importador cuenta con un sistema de gestión autorizado para reciclarlos, lo que se enmarca en ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Esta nueva exigencia deriva de un Decreto Supremo del Ministerio del Medio Ambiente (DS N°8/2019 MMA) y mantiene en alerta al sector automotor. De antemano, la Anac advirtió que será inviable cumplir con dicho requisito reglamentario, dado que al día de hoy, asegura, no existe ningún sistema de gestión colectivo operando sino sólo algunos sistemas "individuales" a los cuales este sector no puede acceder.

Esto, ya que "la normativa medioambiental ha limitado seriamente su ámbito de acción a una marca específica, existiendo multiplicidad de marcas tanto para vehículos como para maquinarias y neumáticos.

Es más, al día de hoy, aún no hay alguno que haya cumplido siquiera el primer trámite que es contar con la autorización del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)", señaló el gremio en un comunicado.

Por ello, Diego Mendoza, secretario general de la Anac emplazó al Gobierno "a acelerar el cambio de la normativa, porque de no solucionarse antes del 20 de enero, traerá graves perjuicios a la movilidad, logística y, en definitiva, a la actividad económica de todo el país".

La asociación prevé que los importadores de vehículos y de neumáticos no podrán llenar la declaración jurada que exigirá Aduanas, estimando que se detendrá la internación de al menos 335 mil automóviles, 12 mil camiones, tres mil buses y más de seis millones de neumáticos, que corresponde a la venta completa de estos bienes prevista para 2023.

A lo anterior se agrega el "colapso" que podría acarrear esta situación en los puertos al no poder desembarcar estos productos. Ello, sumado a un importante prejuicio fiscal, "que ascendería a US$1.700 millones por concepto de IVA que no se recaudaría y de al menos US$120 millones por impuesto verde que se dejaría de percibir".

Así, Anac junto a Chile Neumáticos A.G. y la sociedad EcoNeu -que busca ser uno de los sistemas de gestión colectivo- ya han transmitido su preocupación a Aduanas y al Ministerio de Hacienda para lograr una solución, aunque afirman que aún no han podido reunirse con el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), último responsable de actualizar la norma. Comentan que la cartera recién les dio audiencia para el 2 de diciembre en la que se trataría esta materia.

Consultado por el tema, la cartera de Medio Ambiente puso paños fríos. "Los regulados deberán cumplir con los requisitos establecidos por la normativa, entre ellos la declaración a Aduanas".

"Sin embargo, incluso cuando señalen que todavía no tienen un sistema de gestión, no están imposibilitados para importar neumáticos", sostuvo el ministerio.