La quiebra de Claro, Vicuña y Valenzuela no solo remeció al mundo de la construcción. A raíz de eso, surgieron críticas hacia la burocracia estatal, responsabilizando a la serie de trámites, permisos y autorizaciones -y el tiempo que estos demoran- como una de las causas que mantiene a diversas empresas en aprietos.

Hoy los dardos apuntan a la administración del Presidente Gabriel Boric, específicamente al Ministerio de Obras Públicas -por los retrasos en los pagos mensuales, la tramitación de los convenios y la demora en la recepción de las obras terminadas- como lo expresó Patricio Léniz: "Nos enteramos de quiebras y reorganizaciones de varias de las más importantes empresas constructoras del país. El MOP reacciona mal y tarde a la complejísima situación económica del país, las quiebras vienen igual".

"La respuesta de la autoridad es al menos desconcertante: más impuestos, más trabas a nuevos proyectos, reducir la jornada laboral y continuar aumentando los costos de las alicaídas empresas", agregó. Pero el anhelo de avanzar en la modernización del Estado, y disminuir tanto los obstáculos como los excesos de trámites no es algo nuevo.

De hecho, lo vimos durante el Gobierno de los ex presidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, y así hacia atrás. Hugo Lavados, ministro de Economía bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, sostuvo que "la burocracia estatal y todo lo que involucra el poder iniciar una obra desde hace tiempo que se ha planteado que es una dificultad para poder desarrollar proyectos de inversión".

Y explicó que "es imposible que no existan instancias públicas, estatales o de Gobierno que revisen lo que pretenden hacer los privados, porque también hay que reconocer que el sector privado, cuando hay una manga demasiado ancha, también comete errores".

Sin embargo, reconoció que "el último tiempo ha aumentado porque han aumentado las exigencias", y en ese sentido se verían afectados "todos los sectores en este momento estamos viendo empresas constructoras que están afectando temas de obras públicas, de vivienda, pueden ser obras que están dedicadas a inversión industrial, o inversión minera, o de otros sectores. Es decir, esto cruza a un significativo número de actividades del país, y es un problema".

Lavados lo define como tema difícil, "hay un problema complicado que tiene que ver con una actitud que es previa a los problemas específicos burocráticos. Antes de que existan los problemas burocráticos existe una visión no favorable a la inversión, en definitiva, y eso lo que genera es un conjunto de trabas, de disposiciones que hace que sea difícil llevar adelante los proyectos de inversión".

A juicioo de Alejandro Weber, decano Facultad Economía y Negocios Universidad San Sebastián, en tanto, "son muchos los ámbitos de nuestra economía los que se ven afectados" por la excesiva burocracia estatal. "Los proyectos más complejos y, por lo tanto, de mayor impacto -mineros, portuarios, proyectos de gran infraestructura- que requieren medidas de mitigación podrían tardar entre 3 a 8 años. En el actual Gobierno repetidamente y en forma atípica se han ido retrasado proyectos de gran envergadura, lo que irá frenando la economía y perjudicando a las personas", agregó.

Para para agilizar los procesos estatales, indicó que "el Estado debe cumplir su rol regular, fiscalizando el cumplimiento de la normativa, pero debe ser mucho más ágil en la tramitología. En recesión económica y frente a la destrucción de empleos, el Estado debe generar condiciones para la creación de empresas y debe generar condiciones para el libre ejercicio de la actividad económica".

"Lamentablemente, se ha generado un clima anti-crecimiento en el país, impulsado por la crisis económica, el proceso constituyente, la reforma tributaria y la falta de convicción por promulgar el TPP11. Es fundamental que retomemos la confianza en nuestra economía y para eso necesitamos un impulso decidido del gobierno", agregó.

Tras ello, Weber expuso que "dos iniciativas muy concretas deben fortalecerse: OPEN y GPS (Gestión de Proyectos Sustentables), ambas creadas en el Ministerio de Economía en el Gobierno anterior. La primera buscaba acelerar la creación de empresas y reducir las barreras burocráticas del estado, eliminando trámites obsoletos y regulación innecesaria. La segunda, tenía por objetivo la coordinación de la tramitación de grandes iniciativas de inversión en el país, sean privadas o públicas.

El Estado debe ser un facilitador y promotor de la actividad económica, pero hoy le está poniendo la lápida". Por su parte, Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma, indicó que "hoy tenemos un sector público que cuenta con una dotación que no está preparada para el vertiginoso mundo en el cual estamos desenvolviéndonos, y eso por cierto, eso genera una serie de retrasos y de externalidades negativas".

"Existen diversos procedimientos anclados en el aparato estatal que tienen larga data, y que por lo tanto, tienen también una elevada inercia dentro de la gestión y de la administración pública, es importante, a propósito de la agenda pro crecimiento que se quiere levantar, incluir como un pilar fundamental de esta, lo que tiene que ver con la modernización del sector público, necesitamos un sector público ágil, flexible, acorde a los tiempos que estamos viviendo, eso hoy no existe", añadió.

Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), recomendó "conversar más entre el sector público y el sector privado, pagar las cuentas en las fechas que corresponde, no atrasar las tomas de razón ni las facturaciones, cuando hay suficiente información para ello, involucrar más a la banca para que medidas que tardarán en madurar puedan se financiadas".

"Una deuda del Estado con una empresa privada debiera ser considerada de cero riesgo por parte de la banca y esta, una vez cerciorándose de que esa deuda es efectiva, contribuir a su financiamiento sin problema. Es lo mínimo que se le puede pedir a los bancos en estos momentos", cerró.