Aunque se trata de un delito que ha existido desde hace décadas, el robo de madera en la macrozona sur ha tenido un aumento exponencial en los últimos cuatro años, generando un mercado que moviliza miles de millones de pesos.

Así lo detalla un estudio realizado por Athena Lab, titulado "La economía ilegal de la madera: El círculo perverso del delito en el sur de Chile", en el cual se realiza un detallado análisis sobre cómo opera una industria que ha puesto en jaque al Estado.

Según el documento, hay al menos seis factores que han incidido en su crecimiento, pero tres de ellos son fundamentales para explicar su ascenso, el cual indudablemente ha estado vinculado con la presencia de grupos indigenistas armados en la zona, los cuales han sido utilizados por las mafias, según destacan sus autores. Entre ellos, aparece la ausencia estatal y su incapacidad de fiscalizar oportunamente.

"Al revisar esta economía ilícita, se observa que la presencia del Estado es frágil, que hay falta de fiscalización, escasez de recursos para ella y corrupción", indican. En ese punto, apuntan específicamente al rol del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), debido a las dificultades que han mostrado para controlar el movimiento de la mercadería, sobretodo en el Biobío y La Araucanía.

"Si bien las instituciones del Estado, de alguna manera, se encuentran en la zona, su presencia no es percibida de forma efectiva, especialmente cuando se observa el comportamiento de los controles relacionados con el robo y hurto de madera", dicen.

En ese sentido, agregan que "existen servicios que cuentan con la información y herramientas para llevar a cabo esos controles, pero, en general, no se materializan del todo", ya sea por falta de datos, escasez de personal o la violencia de las asociaciones ilicitas. En este punto, aparece la necesidad de mayor presencia policial para llevar a cabo el control de la explotación de los predios y la proliferación de guías de despacho o facturas falsas que usan las organizaciones para mover la madera robada.

Sin embargo, advierten que las policías no cuentan "con recursos ni tecnología que permita chequear en línea el origen de esa factura, ni si la carga transportada es proporcional a la producción del predio (…) existe una carencia de herramientas". Ello da paso a otro problema: La falta de pruebas admisibles para sancionar y una escasa coordinación con la Fiscalía. Ello ha redundado, destacan, en un descenso en las denuncias y en una creciente desconfianza de las víctimas hacia las instituciones.

Vínculo con el conflicto mapuche

Un aspecto que es clave para entender el negocio es la violencia con la que operan las organizaciones que ejecutan el robo, las cuales se han vinculado, de forma estrecha o no, con agrupaciones que reivindican la autonomía territorial mapuche en la zona. Según el estudio, existen colectivos "con objetivos políticos asociados al control territorial ilegal y otras que realizan delitos y que se las vincula con atentados y robos de madera", apuntando a al menos siete de ellas con presencia en las dos regiones.

"A través de usurpaciones y reivindicaciones, esos grupos van tomando control del territorio, haciendo retroceder al Estado y generando vacíos que son ocupados por organizaciones dedicadas al robo de la madera", señala el texto. Asimismo, destacan que así "se va construyendo una relación entre conflicto y mafia maderera, quienes se encuentran en un punto: el control territorial. A través de este van apropiándose de predios, los que desalojan y luego explotan de manera ilegal".

"No todas las mafias madereras son parte del conflicto ni todos los grupos armados son empresas criminales dedicadas al negocio; sin embargo, construyen un círculo perverso que amparado en la debilidad institucional les ha permitido crecer", dicen. Es en ese contexto, el análisis destaca que ambas partes han logrado tomar control de las principales rutas de la Provincia de Arauco y Malleco, lo cual permite el traslado de la madera robada y su posterior venta a comerciantes medianos y pequeños.

Al respecto, una de las autoras del informe, la doctora en gobierno y administración pública de la Universidad Complutense de Madrid, Pilar Lizana, comentó que "acá lo importante es entender que si bien el negocio se desarrolla en una zona donde existe conflictividad y violencia por grupos organizados, las mafias madereras no son parte de las reivindicaciones políticas que tienen los grupos radicalizados". "Las mafias madereras son reales empresas criminales y su objetivo es 100% económico.

Obviamente se aprovechan del desorden que genera la violencia, ya que esta hace retroceder al Estado, y ese es el principal factor para que este tipo de empresas pueda desarrollarse", aseveró. En ese sentido, Lizana sostuvo que "cuando el Estado se ve debilitado, estas organizaciones criminales buscan su oportunidad", añadió, junto con subrayar que la relación entre ambas partes es de "aprovechamiento" por parte de quienes roban la madera respecto de la causa mapuche.

Las cifras del informe

De acuerdo a las cifras detalladas en el informe, las mafias ofrecen 50 mil pesos diarios en efectivo a quienes deseen trabajar con ellos, "ya sea trasladando carga o manejando maquinaria para la explotación ilícita de un predio, por ejemplo".

"¿Cuánto genera esta empresa criminal? Cada camión con madera robada tiene un valor aproximado de $1.500.000. Al mes circulan entre 4.000 y 6.000 camiones, contabilizando un total aproximado de 50.000 al año", aseguran.

En ese contexto, citando al gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, sostienen que "cada año circulan alrededor de $75.000.000.000 en madera robada", aunque advierten que “esto no siempre fue así”.

"En general, las fuentes concuerdan en que siempre ha existido robo de madera, pero el negocio ilegal que se conoce hoy en día dista mucho de esos delincuentes que se hacían de madera ilícita a principios de siglo", explican.

En ese sentido, recalcan que "la mafia actual la ubican en torno al 2018, un poco antes tal vez, cuando el negocio comienza a crecer con rapidez hasta llegar a transformarse en una empresa criminal compleja con claras características de crimen organizado".

En cuanto a las herramientas para enfrentar el asunto, Lizana destacó la necesidad de "avanzar rápido en el uso de tecnología para poder trazar las guías de despacho, que puedan contar con un código QR que esté en línea con el SII, con la Conaf, para que la irregularidad se pueda contener desde el primer momento".

"Ese tipo de iniciativas pueden ser muy útiles, porque la principal falencia acá pasa por profundizar la fiscalización y el control (...) también falta profundizar en investigar y en cómo tomar las pruebas, para llegar a sanciones por la justicia e incentivar las denuncias, que han bajado porque hay una sensación de que no se llega a ningún ligar", concluyó.