El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), cuestionó la disposición a dialogar que han mostrado organizaciones que reivindican el uso de la violencia para visibilizar sus demandas en la Macrozona Sur, y señaló entre ellas a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), cuyo líder, Héctor Llaitul, permanece en prisión preventiva desde fines de agosto.

"Pareciera ser que la Coordinadora Arauco Malleco y otras organizaciones que reivindican el uso de la violencia en la Macrozona Sur tuvieron mejor voluntad de diálogo en el Gobierno del ex-Presidente (Sebastián) Piñera que con este Gobierno", reprochó.

"Estuvieron más dispuestas a conversar y a sentarse con el Gobierno de derecha que con un Gobierno de izquierda o de centroizquierda", continuó su crítica.

De todas maneras, planteó que "las organizaciones que ejercen violencia y son las responsables de los hechos de violencia rural, han definido su política, que es conocida y pública, no están por el diálogo, no estuvieron, no están por el proceso constituyente tampoco y su política es muy clara: el ejercicio de la fuerza y de la violencia para retomar el control del territorio".

Una política de acción que, en el caso de la CAM, "no la altera la detención de Héctor Llaitul; puede haber alterado la forma en que la organización se organiza, se despliega y desarrolla su estrategia, pero su línea política yo creo que no varía en nada", aseguró.

Llaitul permanece en prisión preventiva desde el 25 de agosto, medida que ha sido ratificada por la Corte de Apelaciones por la Corte de Apelaciones de Temuco y la Corte Suprema, como imputado por los delitos de robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad, relacionados con cinco hechos ocurridos entre enero de 2020 y mayo este año.

"TELEFONAZO" DE VEGA A LLAITUL: "CON QUIEN SE CONVERSA NO ES UNA DECISIÓN INDIVIDUAL"

Monsalve también se refirió a la situación de la exministra de Desarrollo Social Jeanette Vega, quien fue citada a declarar en calidad de imputada en la causa penal que fue abierta tras conocerse que, el 11 de mayo, una asesora se contactó por teléfono con Llaitul, el que previamente había formulado un llamado a "organizar la resistencia armada" contra la acción del Estado chileno.

La acción fue filtrada en agosto y provocó la renuncia de Vega al gabinete, una salida que tuvo relación "con un criterio político" y no con la causa judicial, puntualizó el subsecretario. "Lo que ocurre es que la decisión de con quién se conversa es una decisión de Gobierno, no es una decisión individual", prosiguió.

"El Gobierno tiene voluntad de dialogar y conversar, pero la barrera, el límite, la frontera de ese diálogo no es una decisión individual, es una política de Gobierno y el Presidente de la República había sido muy claro respecto a la frontera de esa conversación: había dicho 'vamos a conversar con todos quienes quieren paz, pero aquellos que ejercen hechos de violencia, hacen uso de armas, amenazan, amedrentan o agreden o colocan en riesgo la vida de las personas, para ellos hay una respuesta que es el Estado de derecho'.

Yo creo que esa frontera el Gobierno la había resuelto y definido. Por lo tanto, lo bueno y lo malo puede ser relativo, pero los diálogos que se establecen para buscar acuerdos no son parte de una política individual, es parte de una política de Gobierno", se explayó.

Según una nota de prensa, Monsalve también sería llamado a declarar, pero como testigo. "Por supuesto que voy a asistir", afirmó sobre si lo citan, sin embargo, sostuvo que no tiene "ningún antecedente que aportar a esa investigación, no sólo porque no tuve conocimiento del llamado, salvo una vez que se conoció públicamente; y tampoco porque haya ni estado presente ni he tenido conocimiento de esa conversación, ni porque hubiera podido participar en alguna conversación".