Luego de reclamos y alertas ciudadanas que daban cuenta que existían supermercados y locales de retail del país que exigían a los consumidores mostrar sus boletas para acreditar compras al salir del recinto, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que fiscalizará a estas tiendas.

El objetivo es conocer por qué estas empresas toman estas medidas, las que podrían, eventualmente, vulnerar los derechos de los consumidores “si no existen razones objetivas que lo justifiquen”, según señalaron en un comunicado.

Esta fiscalización contempla envío de oficios para pedir antecedentes, además de visitas presenciales a los locales.

De acuerdo a la información que maneja Sernac, las empresas piden boletas tanto a la totalidad de los consumidores, como a otros, de forma aleatoria, en al menos 17 compañías. Y si bien las primeras en fiscalizar serán supermercados y retail, no descartaron ampliar los rubros.

“A través de esta fiscalización analizaremos el alcance de estas medidas y si existe alguna evidencia que la justifique. A priori, nos parece que someter a los consumidores a este tipo de exigencias podría generar estrés, dar pie a malos tratos o dejar la puerta abierta a discriminaciones arbitrarias. Las empresas tienen derecho a tomar medidas de seguridad, pero siempre respetando la dignidad y derechos de las personas”, dijo el subdirector del Sernac, Jean Pierre Couchot.

Uno de los argumentos recurrentes para llevar a cabo este tipo de prácticas es que se les exige boletas para constatar que efectivamente compraron el producto que están llevándose del local. Para ello, se destina a guardias a realizar esta fiscalización. Pero el propio Sernac señaló que “los guardias o personal de vigilancia (que) sorprendan a una persona delinquiendo, solo están facultados para ponerla a disposición de las autoridades competentes, como Carabineros o Investigaciones. Estos funcionarios no pueden discriminar, burlarse, golpear, registrar ni detener a la persona contra su voluntad”.

“Los consumidores que injustamente son acusados de hechos ilícitos deben exigir la presencia de la autoridad a fin de que se inicie el procedimiento que pueda determinar si existió o no el delito”, se lee en el comunicado. En caso de ver afectados sus derechos (“molestia, humillación el dolor que le causó la situación”), los consumidores pueden exigir las indeminizaciones que correspondan.

Por acusaciones de falso robo, maltrato o discriminación, las empresas arriesgan multas de hasta 300 UTM ($17 millones, apróximadamente).