Al menos 110 hechos que revisten carácter de delitos por parte de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) han sido instruidos para su investigación por las fiscalías de la Macrozona sur, informaron desde el Ministerio Público.

Los fiscales regionales de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos entregaron estos datos luego del oficio presentado el pasado 7 de septiembre por la Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC), solicitando el envío de "información del eventual desarrollo de procesos penales en que se investigue o se haya investigado la presunta responsabilidad penal de miembros de la organización denominada Coordinadora Arauco Malleco y de Héctor Llaitul".

Según informó el diario El Mercurio, el TC solicitó también que "de ser afirmativo lo anterior, especificar el o los procesos penales involucrados, sus intervinientes, estado actual de tramitación y, de ser procedente, las imputaciones penales respectivas".

En cuanto a la respuesta de los fiscales a esto, se dio cuenta que revelaron que del total de investigaciones, 90 se realizan en La Araucanía, 10 en el Biobío y otras 10 en Los Ríos, mientras que cuatro de las causas en desarrollo las diligencias han permitido individualizar a imputados.

El oficio se dio tras el requerimiento presentado el pasado 31 de agosto por el excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Urquízar, quien busca que se declare inconstitucional esta organización violentista.

Para realizar este requerimiento, el abogado advirtió -según el medio antes citado- que "esta organización política tiene objetivos y ha desarrollado actos y conductas que no respetan los principios básicos del régimen democrático y constitucional, ya que hacen un expreso uso de la violencia, la propugnan e incitan a ella como método de acción política".

"Ha tenido participación en los hechos que ameritan la declaración de inconstitucionalidad", puntualizó, en tanto, sobre la situación específica de Llaitul, líder de la CAM, y que se encuentra en prisión preventiva por los delitos de robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.

Se trata del segundo requerimiento realizado por parte de Urquizar, dado que julio pasado la Primera Sala del TC desestimó declarar como inconstitucionales a la CAM, Weichan Auka Mapu (WAM), Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y Resistencia Mapuche Lavkenche (RML).