La Corte de Apelaciones rechazó un recurso de amparo que presentó la defensa del exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas, debido a que no se citó a una audiencia de cautela de garantías, donde pretendía dar cuenta que la investigación estaba siendo llevada por un “fiscal inhábil”.

El recurso presentado en favor de Rozas -quien fuera mandamás de la institución durante el estallido social- se funda en la negación que hizo el juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de citar a la audiencia de garantías, donde la defensa del policía pretendía dar cuenta de una supuesta vulneración de algunas garantías constitucionales, como el artículo 19 de la Constitución vigente, numeral 3, que guarda relación con el derecho a la defensa jurídica.

En fallo unánime la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Paola Hasbún, el ministro Rodrigo Carvajal y el abogado (i) Michael Camus– desestimó la procedencia de la acción constitucional, al no configurarse ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la resolución judicial impugnada ni existir perjuicio o amenaza a alguna garantía fundamental del amparado.

“(...) el acto impugnado no ha perturbado de modo ilegal ni arbitrario al amparado en el ejercicio legítimo de los derechos que se denuncian infringidos por la acción incoada a su favor, sino que, motivada la resolución judicial que se impugna en la aplicación de la normativa citada, la petición se ha denegado en razón que el juzgador no ha estimado concurrente el supuesto basal de la petición, esto es, que haya un derecho o garantía que requiera ser cautelado a través de medidas conducentes que puede disponer la jurisdicción penal”, se lee en la resolución de la Corte de Apelaciones.

A inicios de septiembre, Rozas ya tuvo un revés judicial, cuando a través de su defensa ingresó un escrito a la Fiscalía Centro Norte solicitando que la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong saliera de la causa que investiga el rol del alto mando policial tras el estallido social y las vulneraciones a los derechos humanos cometidas por policías, lo cual le fue negado.

El argumento fue que Chong no daría garantías de imparcialidad al ser parte del consejo consultivo de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), la que interpuso una querella que dio inicio a la causa que se investiga.

Además, Rozas recordaba el tono con el que la fiscal formalizó a un suboficial de Carabineros por la caída de un adolescente desde el Puente Pío Nono, en octubre de 2020 y también, cuando denunció que un funcionario policial, supuestamente rondaba su domicilio en moto.

En esa línea, la jefa de Alta Complejidad está a cargo de esta indagatoria por resolución directa del fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, luego de que el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidiera, en febrero de este año, que tanto la causa por “responsabilidad de mando”, como por presuntos delitos de lesa humanidad, fueran acumuladas y asignadas a esa jurisdicción.

En medio de esta decisión estratégica, la persecutora ha realizado una importante cantidad de diligencias que apuntarían al rol los generales de Carabineros en la errónea toma de decisiones durante el estallido social, en que manifestantes resultaron gravemente heridos, e incluso -como en el caso de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai-, perdieron la vista. Una de las últimas pesquisas, en ese sentido, fue la citación a declarar en calidad de imputado, al actual general director Ricardo Yáñez, lo que aún no se concreta.