Una denuncia por presunto fraude al Fisco ingresó el diputado Cristóbal Urruticoechea (PR) a la Fiscalía Regional del Biobío, y también a Contraloría, para que se investigue la recontratación de cinco funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) del Biobío y que significó el pago de cerca de 200 millones de pesos.

La historia se remonta a enero pasado cuando 10 trabajadores fueron despedidos en el marco de una reorganización de la entidad basado en un informe de una empresa de auditoría externa.

Todos demandaron al Estado, y en el marco de esa tramitación cinco llegaron a millonarios avenimientos que incluyeron la reincorporación a sus puestos en agosto, considerando el pago de todos los meses de sueldo en que no trabajaron.

El parlamentario republicano Cristóbal Urruticoechea expuso que "cinco son recontratados, personas que además son de un sindicato afín, se detienen los concursos públicos, se recontratan a estas personas, se les hace ver que durante siete meses que se les cesó su cargo no se da a lugar con eso sino que se les recontrata como si ellos hubiesen trabajado, se les indemniza con cerca de 60 millones de pesos y se les pide la devolución de solo un poco más de 2 millones de pesos pagado en dos cuotas".

"Es evidente que aquí hay una irregularidad, le pedimos a la Fiscalía y Contraloría que la estudie y la trabaje porque aquí hay un posibe delito de fraude al fisco que gravísimo", agregó.

CAUSA DE LOS DESPIDOS

Sergio Vallejos, ex seremi de Justicia del Biobío, explicó qué motivó la salida de los funcionarios. "La razón fue una reestructuración de la Corporación de Asistencia Judicial ordenada por el consejo directivo que es la autoridad máxima", dijo.

"Se contrató una empresa externa, Clio Dinámica Consulting, una empresa con vasta trayectoria que trabajó con el Poder Judicial, Defensoría y Fiscalía a nivel nacional; reestructuró todos los procesos internos y creó una orgánica distinta, estos cargos se hicieron innecesarios en virtud de la orgánica y esa es la razón por la que estas personas se les desvinculó y se pagó todas sus indemnizaciones", añadió.

"Se provoca un perjuicio fiscal, y la decisión de desvincularlos fue en base a estudios serios de una empresa que trabajó más de un año en la Corporación", cerró.

La actual seremi de Justicia del Biobío, Claudia Soto, consultada al respecto, indicó que "nos remontamos al informe de Clio Dinámica que es en el que se basa la reestructuración, pero siempre recomienda sociabilizar con las y los funcionarios de la CAJ, en ningún caso recomienda desvinculaciones. En marzo de 2021 el consejo vota la reestructuración y se aprueba, cuyo proceso sigue en pie pero llevándose a cabo de la manera correcta".

"Los montos fueron calculados al monto en que fueron desvinculados los funcionarios, es decir, visados por la autoridad de turno, el seremi de turno. Estos montos no salen de esta administración", enfatizó.