Tal como se había anunciado, esta semana, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz junto a las hijas de Carlos Grollmus, víctima de los graves hechos de violencia registrados el pasado 29 de agosto en la comuna de Contulmo, presentaron una querella invocando delitos de carácter terrorista, la que fue acogida por el Juzgado de Garantía de Cañete.

"Estamos muy agradecidos de la disposición que ha tomado el juzgado porque nosotros somos un gobierno regional que intenta hacer las cosas con seriedad.

Lo que hemos hecho acá es decir que teníamos legitimación activa para poder recurrir en protección de las personas que han sido atacadas gravemente en Contulmo hace unos días atrás, de la familia Grollmus también de la familia Cid y esto nos permite ingresar al juicio, y poder solicitar diligencias, que nos permitan ayudar a esclarecer la verdad", dijo el gobernador.

Y agregó "es un hecho jurídico de la mayor relevancia y vamos a continuar en esta senda, porque nuestra obligación es defender a la gente de la Provincia de Arauco".

El abogado Marcelo Villena, quien estuvo a cargo de llevar adelante la acción judicial, señaló que esto es "un primer avance en la gestión que se nos ha encomendado, que es la de instar por una buena investigación de los graves hechos, que motivaron la interposición de la querella, que llevaron al Gobernador Regional y algunos de los familiares de las víctimas a ejercer esta acción, que pretende establecer las responsabilidades que correspondan de aquellos que intervinieron en los graves hechos perpetrados".

El profesional añadió que espera que "pueda determinarse a quienes tienen intervención en los hechos y calificar los hechos conforme a la normativa de la Ley Antiterrorista, que ha sido el fundamento que nosotros hemos plasmado en la querella que hemos ingresado".

"En los próximos días nos acreditaremos frente al Ministerio Público para instar por la práctica de diversas diligencias que estamos solicitando, fundamentalmente dirigidas a establecer la dinámica de los hechos y la participación de todos aquellos que tuvieron intervención en los delitos como autores, cómplices o encubridores, y esperamos colaborar con la policía, el Ministerio Público y con todos los órganos que sean necesarios", sostuvo.

El hecho constituye un "hito" judicial, puesto que la potestad para presentar querellas con esta norma es solo para el Ejecutivo.

El pasado 1 de septiembre, tres senadores de la DC enviaron una carta al Presidente Boric para solicitar que impulse una ley que permita justamente a los gobernadores invocar la Ley Antiterrorista.