El Presidente Gabriel Boric respondió a un recurso -presentado por un particular- que lo responsabilizaba de supuestas torturas a Héctor Llaitul, cabecilla de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), y su hijo, Ernesto Llaitul, luego de quedar en prisión preventiva.

La acción legal contra el Mandatario fue ingresada a la Corte de Apelaciones de Concepción por un ciudadano que se identificó como Juan Soto, quien apunta en el escrito que ambos comuneros están siendo perseguidos a través de antecedentes y pruebas inventadas por el Jefe de Estado.

El recurso también está dirigido contra Gendarmería y los juzgados de garantía de Los Ángeles y de Temuco, entidades que dejaron en prisión preventiva a ambos imputados por diferentes hechos con tan solo una semana de diferencia.

Ante esta solicitud, el tribunal aceptó tramitar la denuncia por privación "ilegítima de libertad de los amparados" y dio a Boric un plazo de 24 horas para responder a través de un informe para "remitir todos los antecedentes y documentos que se encuentren en su poder en relación a los hechos denunciados".

En la réplica, el Presidente recordó que la querella por los hechos por los que se detuvo a Ernesto Llaitul fue presentada el 12 de enero pasado por la Delegación Presidencial del Biobío del entonces Gobierno de Sebastián Piñera. Mismo caso para la acción judicial del 13 de julio del 2018 impulsada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en contra de Héctor Llaitul, de acuerdo al rotativo. 

En esa línea, indicó que la prisión de los Llaitul se encuentra "dispuesta conforme a derecho, habiendo sido ordenada por la autoridad judicial competente".

Respecto a las querellas, Boric sostiene que fueron presentadas por las instituciones del Ejecutivo "dentro de sus competencias y con sus respectivos fundamentos, en virtud del mandato y las atribuciones que les entrega la ley, por lo que no constituyen actuaciones directas del Presidente de la República, ni son actuaciones arbitrarias o ilegales".

Asimismo, Boric señaló que "no tiene antecedentes sobre alguna causa de inimputabilidad que pudiera afectar a las personas amparadas, ni sobre torturas que éstas pudieron haber sufrido. Ello no ha sido alegado tampoco por las defensas en los procedimientos".

"En caso de existir antecedentes de que alguna persona pudiera haber sufrido tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se tomarán todas las medidas pertinentes y necesarias de conformidad a lo dispuesto", afirmó.

RESPUESTAS DE GENDARMERÍA Y EL TRIBUNAL

En su respuesta al recurso en su contra, el Juzgado de Garantía de Temuco, a través de la jueza Leticia Rivera, replicó que Soto Vargas no tiene representación de los Llaitul, pero de todas maneras sostiene que "no existe antecedente alguno en la causa ni tampoco esbozado por su abogado defensor de confianza que permita sustentar dicha petición".

Por su parte, Gendarmería descartó en su texto que "existan antecedentes sobre reclamaciones que hayan formulado ante la administración o eventos críticos en que estén involucrados", defendiendo que la institución "ha dado cabal cumplimiento a sus obligaciones legales y reglamentarias, no configurándose a través de sus actuaciones institucionales, en modo alguno, una afectación ni inmediata ni remota que ponga en situación de privación, perturbación o amenaza las garantías constitucionales".