La ministra de Justicia, Marcela Ríos, enfrenta una serie de críticas de la oposición, luego de que diputados del bloque le pidieran explicaciones por el acuerdo "a la fuerza" suscrito entre Gendarmería y un grupo de presos mapuche del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Angol, en el cual lograron una serie de beneficios carcelarios.

Los reproches se generaron luego de que se dieran a conocer los detalles del pacto, el cual fue obtenido luego de que los reclusos iniciaran una huelga de hambre que se prolongó por 27 días, a lo cual se sumó un ataque incendiario contra un parque eólico en el que se dejaron pancartas con amenazas al alcaide de ese recinto penitenciario.

A esas medidas de presión se sumó la visita que realizó al penal un grupo de comuneros junto al lonko de la comunidad autónoma de Temucuicui, Victor Queipul, quienes de acuerdo a diversas versiones publicadas esta tarde por La Segunda, habrían permanecido desde las 9 de la mañana hasta la madrugada del jueves pasado.

Según esas fuentes, Queipul habría manifestado que no se retiraría del lugar hasta conseguir el traslado de los presos al Centro de Educación y Trabajo de Angol, el cual mantiene un régimen semicerrado. Además, exigieron dos permisos al año para jugar al palín, no enrolar a menores de 14 años y salidas a funerales y nacimientos de hijos.

El petitorio también incluyó la posibilidad de tener visitas normales, entre las 10 y las 16 horas, tres veces a la semana y poder participar de las celebraciones del Wetripantu o Año Nuevo Mapuche. Ante esa situación, que incluyó una protesta en el exterior del CDP el martes pasado, los gendarmes aceptaron firmar el documento.

El hecho generó una reunión realizada en el Ministerio de Justicia, en la cual participó el subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, el director nacional de Gendarmería y el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de la institución y su par de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Patricio Riquelme.

Este último comentó al medio citado que "nos preocupa la presión que se haya hecho y también que el director regional haya firmado un protocolo que se contradice por completo con la normativa vigente, y que en el fondo termina afectando la seguridad de la sociedad y del personal de Gendarmería".

En ese contexto, el diputado por la zona, Henry Leal (UDI), sostuvo que están evaluando una acusación constitucional en contra de Ríos. "Es inaceptable que presos tengan la capacidad de presionar para que los cambien de cárcel. Más grave es que hay autoridades dispuestas a ceder", dijo.

En tanto, la diputada Gloria Naveillán (Republicano) emitió una citación a la secretaria de Estado para que responda por el tema ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. En un oficio que envió a la jefa de la cartera, la parlamentaria pidió que explique si estaba al tanto del acuerdo y que detalle qué norma jurídica permitió el pacto.