Nacional
Crónica
Policial
23/08/2022
El Ministerio Público citó al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a declarar como imputado en una investigación sobre presuntos delitos contra los derechos humanos cometidos por la policía uniformada durante el estallido social, que el hoy jefe de la institución afrontó como director de Orden y Seguridad.
La causa inició en 2019, primero a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y hoy la encabeza Ximena Chong, jefa de la Unidad de Alta de Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Según publica hoy El Mercurio, en una nueva diligencia, la fiscal Chong citó a Yáñez para la próxima semana. El jefe policial le entregó el patrocinio de su defensa al abogado Jorge Martínez, quien aseguró que el general colaborará en la entrega de todos los antecedentes requeridos.
Esta nueva comparecencia, si bien se enmarca con la indagatoria sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, se relaciona con una nueva causa iniciada en base a dos querellas presentadas en 2021 por abogados particulares, que apuntan a establecer una responsabilidad de superior o de "mando" por supuestos "delitos de omisión" en apremios ilegítimos durante el estallido, comprendiendo las fechas entre el 18 de octubre del 2019 hasta el 30 de marzo del 2021.
El matutino rememoró la declaración que Yáñez prestó ante Perivancich el año pasado, ya como general director. Allí expuso que su rol en el marco del estallido, como jefe de Orden y Seguridad, "era de dirección, planificación, control y supervisión a través de los distintos jefes de zona para mantener los servicios operativos conforme a la misión institucional que recae en la institución a nivel nacional"; y uno de ellos era el "control del orden público".
"Desde el 18 de octubre la comunicación era diaria y permanente (...) se canalizaba a través de los jefes de zona que son quienes informan a la Dirección de Orden y Seguridad, a mí concretamente. Dentro del informe referido se incluía el reporte de personas lesionadas en manifestaciones, fueran carabineros o civiles. En algunos casos no contábamos con la individualización del lesionado, pero se informaba igual, porque esas fueron las instrucciones impartidas, además de formular las denuncias al Ministerio Público, incluyendo la información del personal de Carabineros involucrado en el procedimiento y del funcionario que había hecho uso del armamento", continuó.
Asimismo, sobre una presunta política de ataque sistemático, "la descarto absolutamente", afirmó: "La mejor demostración de ello es que no haya existido ninguna persona fallecida por el actuar de Carabineros. Muy por el contrario, las más de 81 instrucciones que impartí fueron en el sentido contrario, esto es, cumplir con los protocolos establecidos, desplegar controles de línea, respetar integridad de detenidos y esto aun en situaciones de agresión a carabineros o en que se hayan visto sobrepasados, por mucho que se haya tenido el interés de recuperar el orden público", sostuvo.
Además, la defensa del general Yáñez presentó un informe encargado a la abogada Alicia Gil Gil, directora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED de Madrid, sobre "la posibilidad de calificar como crímenes contra la humanidad las actuaciones de Carabineros", de acuerdo con el citado diario.
"A la vista de todo el análisis podemos concluir que Chile vio, durante el estallido, unos problemas de orden público no conocidos en su historia reciente. Ello llevó a la necesidad de incorporar a las tareas de control del orden público a un elevado número de efectivos que no venían ejerciéndolas habitualmente", lo cual se tradujo en "una incapacidad (más que falta de voluntad) de recuperar el espacio público garantizado a la vez que todos los agentes cumplieran con los protocolos de uso de la fuerza", planteó la catedrática española.
Dio por "descartado el elemento 'existencia de una política (estatal para dañar a la población)", aquello "siguiendo las argumentaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", a la vez que apuntó que "se constata que tampoco existen indicaciones suficientes de la existencia de un ataque generalizado sistemático contra una población civil".
"Hay que atender el hecho de que no todos los manifestantes fueron atacados (de hecho, la mayoría de los millones de intervinientes en las manifestaciones no sufrieron ningún daño). Además, tampoco se constata un patrón consistente de atacar a los opositores al Gobierno fuera del contexto de las manifestaciones", complementó.
La defensa encargó otro estudio al Doctor en Derecho Javier Sánchez Vera, de la Universidad Complutense de Madrid, sobre los delitos de apremios ilegítimos y tratos crueles, inhumanos o degradantes, vinculados a la figura de la omisión.
