La Multigremial de La Araucanía reveló el segundo informe desarrollado en conjunto con el Observatorio Judicial, a partir de una base de datos provista por el Ministerio Público. De ésta, fue posible identificar 162 causas por el delito de usurpación en las regiones de Biobío, La Araucanía, los Ríos y los Lagos, ingresadas entre 2018 y 2021.

De dichas causas, un 13% se encuentran en carácter de reservadas, las cuales fueron consideradas para analizar el número de ingreso, pero no los resultados judiciales. En tanto, el 63,6% se encuentran concluidas, y del 36,4% restante, en un caso se dictó sentencia condenatoria, equivalente al 1%. "El análisis del número de ingreso de causas por el delito de usurpación por año permite constatar un aumento sostenido a lo largo del tiempo.

En efecto, si en 2018 ingresaron 5 causas por este concepto, en 2019 este número aumentó a 50, mientras que en 2020 disminuyó levemente a 42 y en 2021 volvió a aumentar a 61. Del total de causas analizadas, un 56% corresponde a usurpaciones violentas, mientras que un 36% corresponde a usurpaciones no violentas", detalla el documento.

Al dividir la información por semestres, el informe retrata un "aumento considerable de causas por tomas ilegales el primer semestre del año 2021 y su abrupta disminución en el segundo semestre del mismo año, lo cual se explica por la declaración del estado de excepción con fecha 12 de octubre de 2021. De hecho, de las 12 causas ingresadas el segundo semestre, apenas 3 lo hicieron con posterioridad a la declaración de estado de emergencia".

En cuanto al modo de ingreso de las causas por el delito de usurpación, "más de la mitad ocurre por querella de particulares (42%), de la intendencia (7%) o de otros órganos estatales, principalmente municipios (15%).

El 36% restante de las causas ingresan por denuncia". En tanto, del análisis de causas ingresadas, el informe detalla que el 61% (99) de las acciones se interponen contra imputados desconocidos, mientras que un 39% (63) de las acciones se presentan contra imputados conocidos.

En conversación con este medio, el presidente de la Multigremial La Araucanía, Patricio Santibáñez, recalca que "claramente este es un delito que ocurre a la vista de la autoridad, de hecho, puede que conversen en ese momento. Pero como no hay posibilidad de detención, ahí se complica identificarlos. Si la policía tuviera la facultad de detenerlos, ahí habría mayor posibilidad de identificar a las personas".

El documento también detalla que "la mayoría de las tomas ilegales se dan en terrenos que pertenecen a residentes (68%) o bien, a empresas particulares (28%)".

En tanto, al analizar los concursos de delitos que se cometen en conjunto con el delito de usurpaciones, predominan las amenazas (26%); seguido de incendio (15%); lesiones (6%); porte ilegal de armas (2%); disparos injustificados (2%); homicidio (2%). Del total de causas analizadas, "sólo un 13% cuenta con uno o más imputados formalizados".

Asimismo, detalla el texto, al analizar los resultados de las causas, "encontramos que un 22% de éstas se agrupan a otras investigaciones, lo cual es una forma de término puramente formal, porque la causa se sigue tramitando junto a otro proceso. Por otra parte, encontramos que un 5% de las causas se archivan provisionalmente, lo cual formalmente no constituye una forma de término, pero en los hechos equivale a la muerte de la causa, porque rara vez los procesos se reabren".

En cuando a las causas terminadas propiamente, "un 25% lo hacen por decisión de no perseverar, un 13% terminan por el ejercicio de la facultad de no iniciar investigación y un 27% lo hacen por sobreseimiento definitivo. Apenas un 1% de las causas terminó por sentencia condenatoria, equivalente a una causa en total", y esa sanción fue una multa.

"Claramente este un delito que es una entrada hacia otros niveles de violencia. Muchos parten como usurpación, pero terminan como incendios, amenazas, y como no en general no se aplica la ley y la penalidad son bajas multas, estas personas regresan a hostigar a los propietarios. La legislación no los está protegiendo adecuadamente", subrayó Santibáñez.