Uno de los puntos de la propuesta de nueva Constitución que ha sido criticado por distintos actores es la conformación y amplias atribuciones de un nuevo órgano: el Consejo de la Justicia.

Lo mencionó en su carta el expresidente Ricardo Lagos, quien indicó que de triunfar el Apruebo habría que “cambiar la integración y las facultades del Consejo de la Justicia”.

También lo hizo el expresidente Eduardo Frei, quien señaló que el texto “arriesga que los jueces sean controlados políticamente a través del Consejo de la Justicia”.

El 5 de julio, un día después de que se disolviera la Convención, el exsupremo Milton Juica, quien ha valorado algunos aspectos de la propuesta de Constitución, dijo que "nunca me gustaron los Consejos de la Justicia o Consejos de Magistratura". Aunque sostuvo que "tampoco hay que dramatizar" en cuanto a una eventual politización, contó que "después de las dictaduras en América Latina, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de la OEA propuso que los países tuvieran estos consejos, pero después dijo que, en realidad, esto ha sido un fracaso porque no resultó ni en la región, ni en España ni en Italia".

Pero no fueron los primeros en referirse a este órgano, pues cuando la comisión de Sistemas de justicia de la Convención discutía el tema, fueron varias las personas e instituciones que hicieron advertencias.

Por ejemplo, en el informe de marzo de la Comisión de Venecia, a raíz de la solicitud de 23 senadores para que se pronunciara sobre el proceso constituyente chileno, advirtió que "el Consejo de la Magistratura debe tener una composición pluralista, con una parte sustancial y al menos la mitad de sus miembros que sean jueces".

Durante el proceso hubo otros cuestionamientos a la propuesta: el abogado Jorge Correa Sutil expresó en febrero en una entrevista que "el principal reparo es que los jueces son removibles por el Consejo"; a mediados de marzo, antes de las últimas votaciones, la Corte Suprema envió un documento a la Convención solicitando que el Consejo "esté compuesto mayoritariamente por jueces y juezas"; y en enero, académicos de la U. Católica como Nicolás Frías y Cristián Villalonga plantearon que la experiencia comparada demostraba que los consejos en vez de corregir las deficiencias del sistema, las profundizaba.

Además, en marzo, el departamento de Derecho Procesal de la U. de Chile señaló que “una mayoría de jueces y juezas de distintas jerarquías y con una amplia representación de las distintas jurisdicciones”, sería ideal para la integración del Consejo.

El mismo mes, expertos como José Miguel Aldunate (director de Estudios Observatorio Judicial) y Cristian Riego (U. Diego Portales) criticaron la forma de elegir a los integrantes, que podría posibilitar la negociación de nombres, lobby y nepotismo.

Igualmente, la propuesta de la Convención indica que el Consejo de la Justicia estará integrado por 17 miembros: ocho jueces elegidos por sus pares, dos funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, dos elegidos por los pueblos originarios y cinco elegidos por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta, previa determinación de ternas de concurso público.

Entre quienes se han pronunciado sobre el tema existe relativo consenso en que la Corte Suprema no debiera concentrar, como hoy, los asuntos administrativos y jurisdiccionales.

Esa fue también una de las conclusiones en las "jornadas de reflexión" de 2014 del Máximo Tribunal, donde este acordó “instar por la separación de las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales que ejerce la Corte Suprema". Sin embargo, la propuesta del Consejo de la Justicia que busca hacerse cargo del problema no logra convencer.

Cooptación política

Uno de los temores es que el Consejo sea capturado por la política. Se ha ejemplificado con el caso argentino, cuyo consejo ha sido acusado de ser un botín para el macrismo y kirchnerismo, lo que llevó a que la Relatoría Especial sobre independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas a realizar un informe.

Luis Bates, expresidente del Consejo de Defensa del Estado y ministro de Justicia durante el gobierno de Ricardo Lagos, rescata de la propuesta de Carta Fundamental que se impulsen temas como la resolución de conflictos entre las partes, pero tiene reparos al hablar del Consejo de la Justicia: "Debiera tener una mayoría sustancial de jueces, pues son los jueces quienes conocen las debilidades y fortalezas por dentro", opina.

Le preocupa que la propuesta diga que la Academia Judicial estará “sometida a la dirección del Consejo", pues con esto "se menoscaba su rol".

Al igual que en su momento lo hizo la ministra vocera de la Suprema, Ángela Vivanco, a Bates le preocupa que el Consejo efectúe "una revisión integral de la gestión de todos los tribunales del Sistema Nacional de Justicia, a lo menos cada cinco años" con audiencias públicas. La razón es que pese a que la propuesta dice que “no incluirá las resoluciones judiciales", para Bates nada asegura que detrás de la revisión no influyan fallos de casos de connotación pública.

Los arquitectos

Entre los exintegrantes de la Convención no hay consenso sobre quiénes son los autores de la propuesta del Consejo de la Justicia tal como quedó en el texto constitucional.

Para algunos se trató de un acuerdo transversal en que todos tuvieron que ceder. Otros señalan a cuatro exconvencionales como los principales arquitectos del órgano: Mauricio Daza (INN), Hugo Gutiérrez (PC), Andrés Cruz (C. Socialista) y Daniel Bravo (Pueblo Constituyente).

La comisión de Sistemas de justicia recibió cinco iniciativas de convencionales al respecto. El nombre que finalmente se adoptó era una idea de Pueblo Constituyente, que reunía a convencionales de izquierda, varios de ellos provenientes de La Lista del Pueblo. Las actas de la Convención muestran además que todos los colectivos, menos el Frente Amplio, buscaron que los jueces representaran menos de la mitad de los integrantes del Consejo.

En un comienzo, desde Chile Digno, Coordinadora Plurinacional, INN y Mov. Sociales Constituyentes se propuso que el Consejo no se limitara al nombramiento de integrantes del Sistema Nacional de Justicia, sino que incluyera a fiscales y defensores públicos, lo que no tuvo apoyo.

Además, pese a no lograr que hubiera una mitad de jueces, se señala que constituyentes como Cruz abogaron para que la cantidad de jueces en el Consejo pasara de seis, que era la propuesta original, a ocho. Las actas muestran también que el Consejo de la Justicia jamás se consideró un modelo perfecto.

El 1 de marzo, Daza dijo que "hay acuerdo en que el sistema actual es deficiente, no tiene sentido mantenerlo. Un tema distinto es si les parece bueno o no el Consejo de la Justicia".

El mismo día, "Gutiérrez expresó que es consciente que el Consejo de la Justicia no estará ajeno a problemas, pero llamó a no anticiparse en la valoración del funcionamiento de un órgano que aún no existe".