Nacional
Salud
26/07/2022
Antibióticos, vacunas contra la hepatitis y la influenza, remedios para el tratamiento del cáncer y el VIH. Estos son solo algunos de los medicamentos comprados por Cenabast que vencieron sin ser utilizados y por los que pagó más de $3.800 millones.
Así lo muestran los dos últimos informes finales de Contraloría, donde se exponen los resultados de la fiscalización que hizo a los inventarios de Cenabast, el organismo que compra y distribuye medicamentos e insumos clínicos para la red pública de salud del país.
Para que se haga una idea, con $3.800 millones se podría pagar la construcción de un Cesfam para más de 30 mil personas.
El lunes 18 de julio, Contraloría publicó el informe más reciente sobre este tema, dando cuenta de los resultados finales de la fiscalización que hizo de los inventarios de Cenabast entre enero de 2020 y mayo de 2021.
En esa revisión, el órgano contralor descubrió que se habían vencido medicamentos por los que Cenabast había pagado más de $506 millones. Algunos estaban caducados desde marzo de 2017.
Ahora, esos fármacos deberán ser diluidos, triturados y eliminados por el sistema de recolección de basura, según ordenó Contraloría.
Este monto se suma a los $3.354 millones en medicamentos que Cenabast eliminó entre 2017 y 2018, también por estar vencidos.
Consultada al respecto, Cenabast indicó que no se referirá al tema, ya que se encuentra dentro del plazo en que contestará los “supuestos hallazgos nuevos” de Contraloría.
De acuerdo a los datos de Contraloría, más de la mitad de los medicamentos vencidos que estaban en el inventario analizado, corresponde a etambutol, un antibiótico contra la tuberculosis, y a vacunas IPV, usadas para combatir la poliomielitis.
Para comprarlos, Cenabast gastó más de $280 millones. Si tomamos el costo de un día de cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que según los aranceles de Fonasa de 2020 fue de $163.910, podemos calcular que la compra de ambos medicamentos que vencieron equivale a 1.708 días de cama en la UCI.
Entre los principales medicamentos vencidos además figuran vacunas contra la influenza y vimizim, usado para el tratamiento de la mucopolisacaridosis, también llamada síndrome de Morquio A. Esta enfermedad es poco común y provoca dificultad para caminar, problemas para respirar, baja estatura y pérdida de audición.
El vencimiento de fármacos identificado por Contraloría incluye la asparaginasa, utilizada para combatir el cáncer, y sustancias para tratamientos del VIH, como el tenofovir y el abacavir.
Contraloría menciona, por ejemplo, que en 2020 Cenabast compró 174.200 cajas de abacavir como parte del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA, a cargo del Ministerio de Salud.
Según la información entregada por Cenabast a Contraloría, ese año se distribuyeron 7.025 cajas en promedio cada mes a los establecimientos de salud asociados al programa del ministerio. Sin embargo, el consumo informado por los establecimientos de salud ese año fue de 6.042 cajas mensuales en promedio.
Cuando Contraloría le preguntó a Cenabast por las causas del vencimiento de los fármacos para el tratamiento del VIH, el organismo solo argumentó que el tenofovir y abacavir correspondían a unidades de contramuestra y a devoluciones de clientes. No entregó una explicación específica de porqué habían vencido, por lo que Contraloría mantuvo la observación.
Así, la falta de coordinación en las compras de productos entre Cenabast y los organismos públicos que solicitan dichos medicamentos, queda en evidencia según Contraloría, por lo que asegura que esto “constituye una falencia en el procedimiento de administración de inventario”.
Llama la atención que la asparaginasa que venció sin ser utilizada era el producto Onconase, un fármaco elaborado en India que ha tenido problemas en el mercado.
De hecho, al menos tres veces el Instituto de Salud Pública (ISP) ha ordenado retirar lotes de Onconase. En 2020, por sospecha de presencia de bacterias, luego de que dos pacientes presentaran fiebre tras su aplicación. Y dos meses después, cuando se confirmó la presencia de bacterias. En enero de este año, el ISP ordenó nuevamente el retiro de lotes por no haber cumplido con los ensayos a las contramuestras que debía realizar.
Las fallas en los procesos de administración del inventario de Cenabast no se limitan a 2020 ni están, por ende, determinados por la pandemia.
En 2018, Cenabast entregó por Ley de Transparencia documentos que aseguraban que había pagado $1.800 millones hasta ese año en medicamentos que vencieron. Algunos habían expirado hace ocho años. Pero un análisis de Contraloría publicado en 2020, constató que, en realidad, Cenabast había perdido $3.354 millones sólo entre 2017 y 2018.
Aunque Contraloría asegura que el sistema de Cenabast le permite priorizar la distribución de productos por criterios como la fecha de vencimiento, e incluso generar reportes estratégicos sobre los stocks que tiene almacenados, en la fiscalización detectó que dichos reportes “no son analizados” por Cenabast “de manera tal que le permita tomar medidas de manera oportuna”.
En su fiscalización, también constató que los registros de información en la base de datos estaban incompletos, ya que algunos lotes de fármacos no tenían una fecha de vencimiento asociada en el sistema. Estos correspondían a más de 28.708 unidades, valorizadas en $1.180 millones.
Por lo anterior, Contraloría concluyó que Cenabast “no ha tomado acciones” para incorporar controles para ingresar información obligatoria en sus sistemas informáticos, lo que genera el “riesgo de no detectar los fármacos próximos a su vencimiento, con la eventual pérdida de recursos que ello significa”.
Dado que Contraloría acreditó en su fiscalización el “incumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia, e idónea administración de los medios públicos” por parte de Cenabast, esta deberá iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades de funcionarios involucrados en la existencia de productos vencidos.
Cenabast tiene un plazo de 60 días para realizar mejoras a lo observado por Contraloría. En particular, el organismo le ordenó que debe “habilitar alarmas de vencimiento en el sistema que le permitan gestionar de mejor manera la distribución de los productos y con ello evitar las citadas falencias, informando documentalmente el estado de avance de tal acción”.
